La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total mil 840 millones de pesos a 74 familiares de 20 víctimas fatales del tsunami que afectó el 27 de febrero de 2010, a la zona centro sur del país.
La sentencia del tribunal de alzada descartó alguna infracción de ley en el fallo dictado por el juez Pedro García, quien en abril del año pasado, estableció la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por falta de servicio durante la emergencia de febrero de 2010.
Al respecto, el tribunal de segunda instancia argumentó que, si bien las personas pudieron haber reaccionado tras el terremoto y posterior tsunami del 27-F, tomando las precauciones necesarias ante el fenómeno natural, “ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos”.
La resolución agregó que la falta de diligencia de las autoridades aparece debidamente acreditada con las pruebas emanadas desde el proceso judicial.
