Luego reunirse con la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía y de recibir el Informe Final elaborado por el grupo de trabajo conformado por el Obispo de Temuco, Héctor Vargas, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, informó que en marzo se anunciarían una serie de medidas con el propósito de enfrentar la violencia en La Araucanía, a raíz del conflicto mapuche.
En este sentido, Bachelet también anunció que para junio de este año podría presentarse un proyecto de Ley para La Araucanía.
“Al Ministerio del Interior le solicitaremos que, junto a los parlamentarios y también a monseñor (Vargas), se elabore una Ley para la Araucanía, con un plazo ideal que es el 24 de junio, para la fecha del We Tripantu ( año nuevo mapuche)”, señaló.
En dicho contexto, informó que “aquí hay convergencia y propuestas de consenso. Y ése fue un acuerdo que el propio Consejo tomó. No es el reflejo de la visión de un determinado sector, sino la propuesta en común de personas que trabajan en diversos ámbitos productivos, en las comunidades, de la academia y también de la política”, enfatizó.
En este sentido, la Jefa de Estado indicó que “el diálogo es la mejor herramienta para enfrentar nuestros desafíos y superar tensiones largamente acumuladas. Y esta Comisión ha mostrado que en La Araucanía el diálogo es posible”.
Asimismo, Bachelet sostuvo que “el Informe contiene propuestas políticas de fondo, como el reconocimiento constitucional y el establecimiento de una representación política especial indígena, propuestas de política pública y de un conjunto de instrumentos para concretar estas políticas, que se levantan desde el territorio de La Araucanía. También, hay propuestas en materia de seguridad y de apoyo a quienes han sido víctimas de la violencia”.
Respecto a los pasos a seguir, la Mandataria adelantó que “algunas de las propuestas ya están siendo abordadas por el Gobierno, otras serán analizadas en profundidad, porque se trata de sugerencias, que algunas pueden concretarse en el mediano, otras en el largo plazo, otras tienen mayor complejidad. En algunos casos, se trata de proyectos de ley que involucran recursos y, por tanto, tenemos que mirar y ver cuáles son los compromisos y en qué plazo los podemos adoptar”.