Durante este viernes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realiza la tercera jornada de formalización por los delitos de tormento y apremios ilegítimos contra ocho funcionarios del centro Cread Galvarino del Sename, en la causa que investiga la muerte de la menor de 11 años Lissette Villa.
Según consignó radio Biobío, el abogado querellante que representa al padre de la niña, Cristián Weinborn, indicó que Lissette murió por una arritmia provocada por fármacos y no por una asfixia.
En tanto, la abogada de la Fundación para la Confianza, también querellante, María Elena Santibáñez, presentó sus descargos, asegurando que las personas acusadas estarían poco capacitadas para trabajar con niños y dio cuenta de los apremios ilegítimos que sufren los menores.
En ese sentido, pidió prisión preventiva para las cuidadoras y arresto domiciliario para el resto de los imputados.
Por parte de la defensa de los imputados, el abogado Pablo Santana, detalló que el centro del Cread estaba sobrepoblado, que había alta rotación de personal, y que no había un protocolo claro sobre cómo contener a los niños.
Previamente, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para la directora del Cread Galvarino, identificada con las iniciales M.M., y las técnicos en párvulos J.F., C.F. y T.O.
Además, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a cargo del caso, pidió firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los recintos del servicio durante el tiempo que dure la investigación para los otros cuatro formalizados.
El miércoles pasado el tribunal determinó excluir al Sename como querellante esta causa, acogiendo parcialmente los argumentos del abogado querellante por parte de la madre de Lissette, Sebastián Lafaurie, que buscaban dejar fuera del proceso penal a este servicio, al padre de la niña y la Fundación para la Confianza por estimar que carecía de legitimación activa.
Según explicó la jueza Marcia Figueroa, la decisión de excluir al Sename se debe a que es un servicio que pertenece al Estado y los intereses de éste ya están siendo defendidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por lo que si se considerara como querellante habría una “sobreabundancia” del Estado en el proceso.
