Policiales

Garay quedó en prisión preventiva: arriesga entre 5 y 10 años de cárcel

Rafael Garay Pita (40) dio instrucciones a su defensa para que no se oponga a la prisión preventiva que en estos momentos está solicitando el fiscal José Morales, en la audiencia de formalización del ingeniero comercial por 36 estafas que alcanzan a los $1.800 millones.

El abogado Reynerio García de la Pastora, defensor de Garay, manifestó a la jueza Paola Robinovich que “por expresas instrucciones” del imputado, no discutirá la medida cautelar solicitada por la fiscalía, a pesar de que él difiere de su representado.

Al parecer, la jueza Robinovich ya estaba en conocimiento de esta decisión, por lo cual pidió “economía procesal” al abogado García de la Pastora para que no se prolongara más de lo necesario en su exposición. En todo caso, la magistrada dijo que la defensa debía discutir la prisión preventiva por un “mínimo estándar” de garantía para el imputado, lo que finalmente no ocurrió.

Tras esto, el fiscal Morales procedió a fundamentar la solicitud de prisión preventiva por considerar que Garay constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por un evidente riesgo de fuga, ya que huyó del país, inventó una enfermedad, no tenía intención de volver y pidió asilo en Rumania.

El peligro para la seguridad de la sociedad, el fiscal lo basó en la reiteración del delito y la pena asignada al ilícito. “Siendo prudente”, indicó Morales, Garay arriesga entre 5 y un día y 10 años de cárcel.

Luego de que el defensor García de la Pastora reiteró que no discutiría la prisión preventiva, la jueza Paola Robinovich concedió la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga, medida que Garay cumplirá en el anexo cárcel Capitán Yáber.

La magistrada coincidió con la fiscalía en que la pena no sería menor a los 5 años y 1 día de presidio. También recordó que Garay inventó una enfermedad para abandonar el terriotorio nacional y que viajó a Rumania, país que no tiene convenio de extradición con Chile para evadir a la justicia.

Finalmente, la jueza dio un plazo de investigación de 120 días.

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