La Corte Suprema confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 2.120 millones de pesos a 71 víctimas de prisión política y tortura, calificadas por la denominada comisión Valech.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de casación elevado en contra de la sentencia que ordenó al fisco pagar 20 millones de pesos a una de las víctimas, y 30 millones de pesos a las 70 restantes, por los daños ocasionados por agentes de Estado.
La sentencia del máximo tribunal confirma el fallo que rechazó la prescripción de la acción civil por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
En este sentido la sentencia indicó que “la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal (…) sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil”.
La resolución agrega que no corresponde la prescripción de la demanda presentada por las víctimas, ya que la normativa internacional que tiene un rango de igual jerarquía que la Constitución de la República, al ser reconocida por nuestro país “consagran el derecho a la reparación” económica.
La decisión adoptada en fallo dividido con el voto en contra del abogado Rodrigo Correa.
