En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en favor de los jóvenes universitarios peruanos Michael Peña, Eduardo Pillaca y Carla De La Cruz, quienes fueron expulsados de Chile por la PDI en cumplimiento de una orden de la intendencia.
La resolución gubernamental -que se cumplió el 26 de enero pasado y que decretó la expulsión- estaba basada en un informe de la PDI que argumentaba que a los tres jóvenes se les encontró literatura anarquista y marxista, al tiempo que participaban en actividades en universidades, según convocatorias publicadas en redes sociales como Facebook. El recurso de amparo buscó que la justicia declarara ilegal la decisión de la intendencia.
Este miércoles, la primera sala del tribunal de alzada antofagastino -integrada por los ministros Óscar Clavería , Virginia Soublette y la abogada (i) Macarena Silva- dejó sin efecto las resoluciones exentas del 23 y 24 de enero pasado, dictadas por la intendencia de Antofagasta que decretaron la expulsión del país de los amparados.
“Pese a lo informado por la Policía de Investigaciones, en los partes emitidos, que dan sustento a las resoluciones, sólo se hace referencia a la infracción de la normativa de extranjería, sin indicar y precisar el actuar de los amparados a algún hecho en específico, lo que conlleva, en definitiva, a la inexistencia de sustento fáctico”, dice el fallo judicial.
Por lo demás, añade la sentencia, la imputación de “anarquismo” no constituye per se actos violentos, referidos en el Decreto Ley N° 1.094, pues no es más que un pensamiento filosófico para defender la libertad individual.
El jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Paulo Palma, sostuvo que con esta resolución, lograron reestablecer los estándares del derecho con hechos fundantes.
Agregó que la PDI y la Intendencia no tenían antecedentes fehacientes sobre que los jóvenes habían venido a actividades de incitación a la violencia. “Nunca existió un ánimo de exaltar el orden público”, dijo.
“Nosotros estamos por la protección de los derechos humanos en todos sus ámbitos. La detención fue ilegal. Los jóvenes venían por actividades académicas que se realizaron en casas de estudio reconocidas por el Estado”, añadió Paulo Palma.
