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Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta amparo y querella por “torturas” en residencia de Coanil en Buin

Un recurso de amparo y una querella por torturas presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por la aplicación de contenciones físicas a tres personas con discapacidad mental severa en la Residencia Alihuén, de Buin, administrado por la Fundación Coanil, hechos que habrían ocurridos en abril pasado.

El INDH explicó que la Residencia Alihuén es un centro de protección que atiende a niños y personas mayores de 18 años con discapacidad mental grave o profunda, ingresados por medida judicial y con subvención del Sename.

El pasado miércoles 3 de mayo, el juez del Tribunal de Familia de Buin, magistrado Rodolfo Medalla, se constituyó en el recinto y dictaminó medidas cautelares para proteger la integridad de las tres víctimas, dada la gravedad de estos hechos.

La denuncia fue realizada directamente al INDH por trabajadoras de la residencia, quienes acompañaron videos y grabaciones de audio que registran la violencia y mal trato sufridos por estas personas, mientras eran objeto de procedimientos llamados “contenciones”.

En estos procedimientos, que el INDH califica de torturas en sus presentaciones judiciales, habrían participado el director del centro y otros funcionarios de la Residencia Alihuén.

Los registros audiovisuales entregados muestran el caso de un menor de 17 años, con discapacidad intelectual severa, que es reducido y amarrado boca abajo a una camilla portátil de emergencia, como parte de una contención física realizada al interior de la cabaña 8. El joven habría permanecido una hora y media en esta posición, orinándose en sus ropas.

En otro registro de video se muestra a una segunda víctima, de 33 años, que también padece una discapacidad intelectual severa, siendo contenida y amarrada boca abajo a una camilla portátil de emergencia. Las imágenes muestran a lo menos a cinco funcionarios del centro participando en este procedimiento.

En tanto en otro video, se muestra la aplicación del mismo procedimiento a un joven de 23 años, también con discapacidad severa.

En sus presentaciones judiciales, el INDH requiere la urgente intervención de la justicia y del Sename, por la gravedad de los hechos y la indefensión de las víctimas que han sido puestas bajo custodia del Estado como medida de protección.

Mañana sábado, el director del INDH, Branislav Marelic, entregará más informaciones sobre las acciones legales emprendidas, así como los hechos que el instituto califica como torturas.

  


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