Las agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de Detenidos Desaparecidos (AFDD) protestaron frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, tras haberse cumplido tres años de la entrega de una serie de demandas que la Presidenta Michelle Bachelet debía resolver antes de que concluya su gobierno.
Se trata –entre otras materias– de una propuesta de Derechos Humanos que redactaron representantes de estas entidades, considerando que las violaciones a los DDHH continúan siendo una deuda histórica de verdad y justicia, en nuestro país.
Por esto, exigieron a la mandataria combatir la impunidad de quienes han sido responsables de estos crímenes, a través de una serie de argumentos que incluyen que se reabra y mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
También demandaron que el Consejo de Defensa del Estado ponga fin a su accionar contrario al derecho que les asiste a las víctimas y sus familiares a ser reparados por el Estado, y que termine con las cárceles especiales para los violadores de derechos humanos sancionados por la justicia, tales como Punta Peuco, entre otras aristas.
“El paso del tiempo es inexorable, para los familiares de las víctimas es una afrenta que a más de 40 años de ocurridos los hechos, aún no tengamos verdad y justicia para cada uno de quienes nos fueron arrebatados”, agregaron los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
“Existiendo voluntad política de sancionar la impunidad, podremos avanzar en curar lo que se ha llamado la herida abierta. Es tiempo que podemos recuperar, es corto, pues lentamente se impone la impunidad biológica, aquella que deja de sancionar los crímenes de lesa humanidad por muerte de los perpetradores”, indicaron.
