Política

Ministro de Hacienda y Diputados de la Nueva Mayoría enfrentados por proyecto que permite querellas de fiscalía por delitos tributarios

Este martes se inició en la sala de la Cámara de Diputados la discusión por el proyecto que faculta a la fiscalía para querellarse por delitos tributarios, facultad que hoy solo posee el Servicio de Impuestos Internos (SII). El Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró que la iniciativa es inconstitucional.

La iniciativa fue presentada a la sala a través de los informes de las comisiones de Hacienda y de Constitución, que fueron rendidos por los diputados Manuel Monsalve (PS) y Fuad Chahin (DC), respectivamente. La discusión seguirá mañana con los artículos en particular.

La propuesta legal, iniciada en moción, tuvo un tratamiento diferenciado entre ambos grupos parlamentarios, ya que mientras Hacienda propuso rechazar la idea de legislar (7 de mayo) por una amplia mayoría (solo un diputado votó a favor), Constitución recomendó su aprobación (9 de mayo) por ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

En términos generales, los representantes de la Nueva Mayoría se manifestaron en la sesión a favor de avanzar en el tema, como señal de transparencia y probidad hacia la ciudadanía; al tiempo que legisladores de oposición, particularmente de la UDI, se expresaron en contra, por estimar que el Ministerio Público no da las garantías necesarias de independencia en este tema.

El ministro Valdés presentó su objeción a la propuesta legal y reiteró que es inconstitucional. Refutó la admisibilidad de la iniciativa, al considerar que es facultad exclusiva del Ejecutivo definir las funciones de los servicios públicos.

Respecto del fondo, Valdés remarcó que solo el SII tiene la capacidad técnica para determinar cuándo es procedente avanzar por la vía penal y cuándo no y afirmó que esta facultad es complementaria al ejercicio de fiscalización.

Asimismo, recalcó que el servicio no ejerce su facultad en forma aleatoria o arbitraria y destacó que no avanzar por la vía penal no implica impunidad, por cuanto se hacen valer las responsabilidades infraccionales.

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