Policiales

Caso Paco Gate: Prisión preventiva por asociación ilícita y malversación de fondos públicos; 11 a Santiago uno y la única mujer a San Miguel

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la por el millonario fraude en Carabineros que hoy se informó en la audiencia realizada en el tribunal alcanzaría los 21 mil millones de pesos.

Los civiles e uniformados fueron formalizados por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y lavado de activos, y según el juez Ponciano Sallés, los imputados representan un peligro para la sociedad.

«Hasta el día de hoy todo parece ser que estamos en presencia de circunstancias que se han practicado repetidamente durante muchos años y que a contar del 2016, y a propósito de un hallazgo muy puntual, ha comenzado a salir a la luz», agregó.

Los imputados uniformados son los coroneles (r) Renato Saravia Lagreze, Carlos Cárcamo Bravo, Francisco Reyes Momberg, Arnoldo Rivero Gerdes y Fernando Perez Barría; los mayores (r) Randy Maldonado Gutiérrez y Diego Valdés Bustamante; y el comandante (r) Juan Maldonado Gutiérrez.

Además, el magistrado determinó la máxima medida cautelar para los civiles Eduardo Pardo Muñoz, Mario Figueroa Ramos, María Rojas Torres y Boris Valenzuela Aravena.

Según se informó en la audiencia, 11 de los formalizados cumplirán la medida cautelar en el penal Santiago uno, mientras que la única mujer formalizada, María Rojas Torres, será trasladada hasta mientras el centro penitenciario San Miguel.

En suma, con esto se alcanza un total de 74 personas formalizadas por el fraude en Carabineros.
Según señaló el fiscal Campos, en medio de la audiencia que aún se desarrolla en el Centro de Justicia, sorprende los millonarios giros realizados a los civiles a través de cheques, que en algunos casos llegarían a los $2 mil millones.

“Eduardo Pardo Muñoz, miembro de la organización criminal, entre los años 2012 y 2013, participó junto a los imputados Diego Valdés Bustamante y Randy Maldonado Gutiérrez, en la sustracción de $2 mil millones de pesos a través de la emisión de cheques desde cuentas institucionales que fueron girados a nombre de civiles que formaban parte de la organización criminal como testaferros”, dijo Campos en la audiencia.

  


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