Una sorpresa se llevaron los integrantes de la Comisión Minería de la Cámara Baja, luego de analizar el informe de auditoría que entregó la Contraloría General de la República en relación a Codelco. En el documento se comprobó que la cuprífera estatal habría gastado 30 mil dólares en la creación de páginas web dedicadas al humor.
“Esto es sui generis (…). Solamente recibimos esta información del Contralor, no tenemos el detalle, pero esa es la realidad. Por eso decíamos que la famosa frase del presidente de Ejecutivo de Codelco (Nelson Pizarro) ‘no hay ni un puto peso’ se derrumbó con los informes de Contraloría y ahora de Cochilco, porque caramba que había más plata que la que decían o lloraba en su momento”, comentó el diputado socialista, Juan Luis Castro.
Ante estos hechos, los parlamentarios confirmaron la creación de una Comisión Investigadora a raíz de las irregularidades detectadas en la empresa minera de propiedad del Estado.
El anuncio fue realizado tras la segunda intervención del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien detalló a los legisladores, en sesión secreta, las auditorías realizadas a la cuprífera estatal.
Al término del encuentro, Castro anunció que ya han firmado 57 legisladores apoyando la conformación de la citada comisión investigadora, al tiempo que adelantó cuáles serán los puntos a analizar.
“Se buscará analizar, desde el año 2000 en adelante, todas las irregularidades referentes a contratos con empresas donde habían parientes de hasta el tercer grado de consanguineidad, por ejemplo tíos con sobrinos, o segundo grado de afinidad, como yernos y suegros; que todos aquellos casos en que hubiera personas políticamente expuestas, como se denomina en el sistema financiero, hubiesen sido parte de contrataciones directas que, según el informe de Contraloría, el 92%, entre el año 2013 y 2015, de esos contratos se hicieron por la vía directa y no por una licitación”, detalló.
Luego, el parlamentario señaló que una tercera vía será clarificar las responsabilidades políticas y administrativas de los diferentes directorios y los diferentes presidentes ejecutivos, desde el año 2000 a la fecha, “que han provocado un escándalo, a nuestro juicio, en el país, por las graves irregularidades en la forma de operar Codelco, que tuvo como epicentro una política donde, finalmente, se privilegió no tanto la norma pública contractual, sino más bien un criterio privatizante en la manera de ejercer los cargos, las contrataciones, las asignaciones y los gastos misceláneos”.
En abril el ente fiscalizador del Estado cuestionara una millonaria indemnización de 500 millones de pesos que recibió un alto ejecutivo de la compañía cuprífera, además de una serie de contratos firmados sin realizar concurso público y en algunos casos con familiares de ejecutivos de la compañía estatal.
