Política

Todo solucionado… Aprueban informe de Comisiones por pensiones sobre tope legal en Gendarmería

15 Junio 2017  14:50

La Sala de la Cámara Baja aprobó por unanimidad de los legisladores presentes, las conclusiones de los informes de dos Comisiones Investigadoras que analizaron el incremento de las pensiones en Gendarmería por sobre el tope legal establecido por Contraloría, hecho en que se encontraba involucrada la ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, Myriam Olate y otros funcionarios.

El texto estableció que existía “una práctica abusiva hecha con la intención de defraudar el espíritu de la ley que regula el sistema previsional de parte del personal de Gendarmería de Chile, obteniendo pensiones excesivas que no se ajustaron a derecho»

Asimismo, se determinó que la actuación de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), en los últimos diez años, en que dio curso a más de 667 pensiones de retiro de funcionarios de Gendarmería que superan el límite legal, «vulnera la ley vigente en esta materia».

«Asimismo, los actos de toma de razón de esas mismas pensiones de retiro, por parte de la Contraloría General de la República, vulneran la ley vigente, lo que actualmente es objeto de un sumario administrativo interno en esta institución», se remarcó en el texto.

Los legisladores resaltaron que las «distorsiones fueron permitidas y avaladas por la Dirección General de Gendarmería y de Dipreca, no obstante que la Contraloría ya se había pronunciado, en reiteradas oportunidades, para interpretar la legislación vigente y establecer la existencia de un tope legal de 60UF aplicable a aquellos funcionarios de Gendarmería sujetos a la Escala Única de Sueldos».

La Comisión también llamó la atención que, por casi 20 años, se otorgaron pensiones sin el tope de las 60 UF, hecho respecto de lo cual la Contraloría tomó razón, pero sin que se advirtiera de la improcedencia. Además, se habrían hecho auditorías por parte de este organismo en donde tampoco se observó o advirtió que había que pagarse con tope.

En este plano, los parlamentarios asignan responsabilidades administrativas a los ex Directores de Dipreca, Carlos Jerez, Jorge Fuentealba y Jaime Gatica; y a los ex Directores Nacionales de Gendarmería, Marco Fuentes, Juan Letelier y Tulio Arce. Sin embargo, se hace especial mención a Fuentes, quien ejerció el cargo entre los años 2013 y 2014.

Respecto de Fuentes, las conclusiones establecieron que este “pidió a Dipreca ‘reincorporar a seis funcionarios individualizados al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros’, ya que cumplirían ‘con todos los supuestos fijados tanto por la normativa legal y reglamentaria’”, pese a que existía la orden de desafiliarlos del sistema de salud de Carabineros.

Respecto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), las Comisiones determinaron que las pensiones de los altos ex directivos de la institución, «Patricia Ewing Pinochet, Luis Jara Lepe, Juan Vargas Cordero y Carlos Fuentes Gajardo presentan discrepancias entre la base imponible y el cálculo con el que fueron entregadas, tanto por superar el tope de 60UF que se les debía aplicar al tratarse de personal civil afecto a la Escala Única de Sueldos, como por incluir asignaciones que no correspondían según la normativa vigente. Por ambas vías se alteraron artificialmente el monto de sus pensiones, que en el caso de Ewing Pinochet supera los 4,8 millones de pesos mensuales y vitalicios».

«Por lo anterior, resulta de la mayor gravedad que hayan obtenido para sí cuantiosas pensiones irregulares amparadas por una interpretación mañosa de la ley y normativa vigente que se realizó en Capredena durante sus períodos en el servicio, conduciendo está a la obtención de un indebido beneficio propio», se acotó.

Los legisladores estimaron que si se justificó el inicio de un proceso de invalidación y que se deben restituir los dineros fiscales irregularmente obtenidos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran desprenderse de los actos de los cuatro ex funcionarios involucrados.

Las Comisiones estimaron necesario limitar las facultades de la autoridades superiores de Gendarmería, que aseguren que los nombramientos en las plantas, la movilidad interna y contratación de funcionarios obedezcan a criterios estrictamente técnicos y de necesidades efectivas del servicio, evitando favoritismos, afectando el funcionamiento mismo del Estado y el buen desempeño de un servicio público.

A fin de precaver nuevos errores y evitar eventuales conflictos de interés que pudiesen afectar a los funcionarios de Dipreca y Capredena, se propuso separar definitivamente las funciones de cálculo, tramitación, concesión y pago de las pensiones del personal adscrito a dichas instituciones, mediante la creación de un nuevo Servicio, de manera de contar con controles cruzados, previos al examen de legalidad de la Contraloría General de la República.

  


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