Justicia

Rafael Garay, Sergio Jadue y Mauricio Israel en la fila … Justicia ordena restituir bienes embargados a familia de Pinochet por caso Riggs

La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo dividido ordenó restituir los dineros de las cuentas bancarias y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet, en el marco del Caso Riggs, que se encontraban embargadas a raíz de un dictamen de primera instancia dictado por el entonces ministro de fuero de ese tribunal, Manuel Valderrama.

A raíz de este hecho, se produjo el decomiso de 23 inmuebles, vehículos y documentos bancarios, los cuales habían sido, según el fallo, malversados por los acusados y en favor de Augusto Pinochet, todos estos por un valor de US$ 6.466.000. El total de los bienes incautados asciende a más de US$ 17 millones.

En tanto, el fallo determinó que no es posible mantener dicha retención por encontrarse fallecido el responsable de un eventual delito de malversación.

Sobre el punto, el fallo agregó que “no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el decomiso después de la muerte del presunto culpable, pues ello, en principio y sin perjuicio de las presiones que más adelante se efectuarán, importaría disponer una pena en contra de sus herederos. (…)Las penas deben ser personales, es decir, deben recaer sobre el directamente responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicio de terceros.

En este mismo sentido, el tribunal de alzada dictó sentencia absolutoria en favor de 6 oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, en el denominado caso Riggs.

La sentencia revoca el fallo dictado por el ministro en visita Manuel Antonio Valderrama, que había condenado a los oficiales que prestaron funciones en la Casa Militar: Jorge Ballerino Sanford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Moreno Saravia, Juan Mac Lean Vergara y Eduardo Castillo Cádiz.

La sentencia estableció que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripción de la acción penal.

“Resulta jurídicamente improcedente calificar los hechos atribuidos a los acusados como constitutivos de un delito continuado, sino que debe considerarse que cada uno de ellos es autor del o los hechos específicos que se les atribuye y en el peor de los escenarios, en rigor, en coautoría (mediata) con Pinochet Ugarte”, sostiene el tribunal de alzada.

Al respecto, el dictamen indicó que la acción judicial se encuentra prescrita, pues Ballerino Sandford, Castro Ivanovic y Moreno Saravia “sólo toman parte en la ejecución de los mismos de manera inmediata y directa hasta 1984, 1985 y 1991 respectivamente, en circunstancias que la prescripción de la acción se suspende recién el 1 de octubre de 2004”, sostiene el fallo del tribunal de alzada.

Sobre Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz, el fallo sostuvo que de considerarse que cometen un delito, “éste sólo puede ser el de apropiación indebida.

“Finalmente, en relación a Castillo Cádiz, respecto de quien no es factible declarar la prescripción de la acción penal de las conductas delictivas en que hubiere eventualmente incurrido con posterioridad al 1 de octubre de 1999, lo cierto que no es posible siquiera tener por acreditadas tales conductas delictivas”, sostiene el documento.

  


  


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