Denuncia

Codelco informó sobre indemnización de 500 millones y contratos realizados a familiares de ejecutivos de la empresa estatal.

Hoy se realizó una junta extraordinaria de Codelco en la que se informó a los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Minería, Aurora William, sobre los impactos económicos y operacionales que genera la controversia entre la Contraloría y la cuprífera luego de que la entidad fiscalizadora del Estado cuestionara una indemnización de 500 millones de pesos a un ejecutivo y una serie de contratos que habrían realizado familiares de altos ejecutivos de la empresa estatal.

En este sentido, las autoridades fueron informadas sobre las medidas que ha tomado la administración de la cuprífera para mitigar estos efectos, y la evaluación de distintos caminos a seguir para solucionar las diferencias con el ente contralor.

Mediante una declaración pública, el Gobierno “valoró la positiva gestión de la empresa en los primeros cinco meses del año, en los que se ha logrado una reducción adicional de los costos, el cumplimiento de las metas de producción y la amplia superación de los compromisos de obtención de excedentes en beneficio del país”.

Asimismo, se informó que las autoridades tomaron conocimiento del efecto económico que “ha implicado en la operación y en el avance de la cartera de inversiones de la Corporación las diferencias con la Contraloría General de la República, contenido en el oficio enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 14 de junio pasado”.

También, los ministros de Estado destacaron “los esfuerzos y resultados logrados por el Directorio y la Administración de Codelco para reforzar sus normas de integridad mediante un conjunto de reformas a su funcionamiento, que incorporan las mejores prácticas de clase mundial, con sistemas de control más exigentes y estándares de transparencia más elevado”.

En la reunión se expresó el reconocimiento “al Directorio y Administración de Codelco por el compromiso que ha mantenido en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y probidad en la empresa”.

“Estos principios son aplicables a todas las empresas públicas y prioritarios para el gobierno. También remarcó el rol clave e insustituible del Directorio para el cumplimiento de estos principios, puesto que es en él donde está radicada la evaluación del mérito económico, financiero y operacional de las decisiones de inversión y de gestión operacional de la compañía”, señaló el comunicado.

Finalmente, se indicó que se informó sobre “la estrategia jurídica que ha diseñado la empresa en el ámbito de sus competencias. Reconociendo la judicialización como una vía posible, instó al Directorio a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios”.

  


  


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