El senador Pedro Araya (independiente proDC), autor de la indicación que amplió la objeción de conciencia en el proyecto de aborto en tres causales, dijo que se trata de un delito despenalizado y que, por lo mismo, la objeción debe alcanzar a todo el equipo médico que lo practique y no sólo al facultativo a cargo.
Esta indicación, que no estaba incluida en el proyecto original del Ejecutivo, fue aprobada ayer en la Comisión de Constitución del senado con los votos a favor de Araya, Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI). En contra se pronunciaron Felipe Harboe (PPD, presidente de la instancia) y Alfonso De Urresti (PS).
En definitiva, se aprobó que la objeción de conciencia podrá ser solicitada por cualquier miembro del equipo médico y no sólo por los facultativos, aunque se descartó que una institución pueda apelar a este beneficio. Las tres causales ya habían sido aprobadas en sesiones anteriores, siempre por tres votos a dos.
De esta forma, la comisión concluyó la votación en particular del proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales –inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre y violación- y ahora solo resta que se pronuncie la Comisión de Hacienda en las materias de su competencia antes de pasar a sala.
Al justificar su indicación, el senador Araya dijo que “este es uno de los temas centrales, porque también están en juego otros derechos tan importantes como los de la mujer. El proyecto que presenta el Ejecutivo solo dice que esta objeción de conciencia solo la puede tener el médico, pero no se puede olvidar que estamos ante la comisión de un delito que no tiene sanción penal en tres causales, por lo que debe alcanzar a todo el personal que se encuentra en pabellón”.
Por su parte, el senador Espina afirmó que no es comprensible limitar este derecho y anticipó que haría reserva de constitucionalidad, al respecto. Asimismo recalcó que “no se puede imponer a las instituciones privadas de salud una obligación que escape a los fines, objetivos y valores en lo que se formó”.
En tanto, el senador Larraín manifestó que “el hecho de que el Ejecutivo haya incluido objeción de conciencia dice que estamos en una materia muy delicada que se debe resolver bien. Y así tal como está en el texto no lo hace, porque solo la reglamenta desde el procedimiento en que solo el médico puede plantearla y solo bajo ciertas hipótesis determinadas. No hay fundamentación adecuada para solo circunscribir este derecho en un solo profesional”. Además, se manifestó a favor de la objeción de conciencia institucional.
Por el lado del oficialismo, el senador Harboe se preguntó por la situación de una mujer que vive en una zona aislada donde existe un solo médico que ejerza la objeción de conciencia y afirmó que en ningún caso debe entenderse la libertad como un derecho absoluto. En todo caso, anunció que si la expansión de la objeción de conciencia al equipo médico garantiza la aprobación del proyecto en la sala, “concurriré con mi voto favorable”.
Finalmente, el senador De Urresti manifestó que “espero que exista la igualdad en el acceso y que no se utilice la objeción de conciencia en los lugares más alejados y con menos médicos, para justificar no aplicar la ley. El principio de la negación del servicio no es correcto que quede consagrado en la ley, porque se estará en situación desmejorada en aquellos lugares rurales más alejados”.
