La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) calificó este jueves como “grave acción del estado contra proyectos de inversión” las decisiones adoptadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que declaró monumentos históricos la Villa San Luis en Las Condes y la Casa de Italia en Viña del Mar.
En un inserto publicado hoy en El Diario de Agustín, firmado por Sergio Torretti, presidente de La Cámara Chilena de la Construcción , el gremio declara que “consideramos de la mayor gravedad decisiones adoptadas por el Consejo de Monumerntos Nacionales (CMN) que propician la declaratoria de monumento histórico de inmuebles cuyos legítimos propietarios ya cuentan con anteproyectos o permisos de edificación otorgados por las autoridades competentes para desarrollar proyectos con pleno apego a la normativa vigente”.
“Este proceder daña el derecho de propiedad y las condiciones básicas para desarrollar proyectos de inversión. En este caso, anteproyectos y permisos de edificación son la base de la actividad inmobiliaria pues, tal como lo ratifican distintos fallos de los tribunales de justicia, otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas”, añade la nota.
“Por lo demás, difícilmente nuestro país va a lograr mayor crecimiento económico si un órgano del Estado -cualquiera sea- pone trabas injustificadas a las inversiones y su actuación se aleja de su deber de velar por el estricto cumplimiento del marco jurídico que nos rige”, agrega.
“Hacemos un llamado a “erradicar estas prácticas y a que acordemos visiones de largo plazo sobre el desarrollo de las ciudades y la mejor forma de resguardar el patrimonio, dado que los mecanismos que hoy existen para ello son ineficientes y producen efectos contrarios al objetivo que persiguen, sentenciando a un progresivo deterioro a los bienes que buscan proteger”, indica.
“El resguardo del patrimonio arquitectónico es de la máxima relevancia para cualquier país, pues contribuye a conservar la memoria histórica y a construir la identidad nacional. Como gremio promovemos que ello ocurra efectivamente. Sin embargo, tal objetivo no puede buscarse arbitrariamente, vulnerando derechos fundamentales de sus propietarios ni la legalidad vigente”, concluye.