“Los cambios no han sido mayores”, aseguró Jorge Barredá, dirigente de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores, sobre la crisis de la institución que se hizo pública hace ya 15 meses, con la muerte de la joven Lissette Villa.
En entrevista con radio Cooperativa, el funcionario fue consultado por el rechazo del informe Sename II en la Cámara de Diputados y si éste contribuía de alguna manera a mejorar la situación en el organismo. “Como trabajadores le vamos a asignar un valor positivo a todas las circunstancias que puedan ayudarnos a poder solucionar los problemas que constantemente enfrentamos”, respondió Barredá.
Ante la pregunta de si durante este tiempo (desde que estalló la crisis hasta hoy) han mejorado las condiciones en el organismo, el funcionario, que se desempeña en el Centro de Internación Provisoria de Limache, aseguró que “los cambios no han sido mayores”.
“La infraestructura de los centros sigue igual, las condiciones respecto a los trabajadores siguen igual, la falta de trabajadores para hacer intervenciones no sólo desde lo profesional, sino que principalmente desde el trato directo, sigue igual y a nosotros se nos sigue recargando de trabajo, seguimos teniendo trabajadores que pasan más de 24 horas en los centros”, acusó Jorge Barredá.
Consultado sobre el destino de los $2.500 millones adicionales que asignó el gobierno al presupuesto para mejoras en infraestructura y condiciones de habitabilidad de los centros, el funcionario dijo que, por los informes que él ha recibido, los fondos “fueron ocupados comprando especialmente mobiliario, algunos PlayStation para algunos centros, que fueron algunas peticiones iniciales de los jóvenes también”.
