Justicia

Ciudadano Inteligente advierte: sin querella del SII, Rossi y Pizarro no irán a juicio

A más de dos años de haberse querellado contra los senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi, la ONG Fundación Ciudadano Inteligente valoró que la Fiscalía haya decidido solicitar la formalización de los parlamentarios en el caso SQM.

Sin embargo, desde la organización aclararon que si ésta sólo se solicita por delitos tributarios, se deja fuera de la indagatoria conocer la verdad respecto al delito de cohecho.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, ambos habrían emitido boletas a SQM por trabajos no realizados. En el caso de Rossi por un total de $44 millones a través de su ex asesora Mariela Molina, y en el de Pizarro por cerca de $45 millones a través de la empresa Ventus Consulting, de propiedad de sus tres hijos.

“Sólo formalizar por delitos tributarios pone el foco en las boletas, no en el verdadero problema de nuestra democracia, que es la oscura relación entre dinero y política. Investigar el delito de cohecho permitiría saber si los senadores traicionaron la confianza que depositó la ciudadanía al elegirlos”, señaló Pablo Collada, director ejecutivo de la ONG.

“Llegar a la verdad y determinar responsabilidades en esta materia permitiría empezar a reconstruir la maltratada confianza ciudadana en las instituciones políticas”, agregó Collada.

Además, enfatizó que de no existir querellas del SII en contra de los senadores Rossi y Pizarro, las formalizaciones no llegarían a juicios orales en los que la ciudadanía pueda conocer de forma pública y transparente los argumentos de cada parte.

“Es fundamental que el SII retome el criterio inicial respecto a los casos de financiamiento ilegal y presente querellas que permitan al Ministerio Público realizar las investigaciones pertinentes en todas las causas”, dijo Collada.

“Si los casos investigados sólo se sancionan administrativamente, se impide alcanzar una solución satisfactoria y de fondo respecto a ellos”, concluyó.

Ciudadano Inteligente es parte querellante en los casos Penta, SQM y Corpesca desde 2015, con el objetivo de representar a la sociedad civil en las causas de financiamiento ilegal de la política.

  


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