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Ministro de Hacienda rechaza atribución para que Fiscalía investigue delitos tributarios.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés reiteró que no se encuentra de acuerdo con la moción que propone facultar al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios, asegurando que “es inadmisible por invadir materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República”.

Tras asistir a la Comisión Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Estado reiteró sus dichos emanados en una sesión especial del Hemiciclo, argumentando que la Constitución establece que sólo el Jefe de Estado puede crear nuevos servicios públicos, determinar sus funciones y atribuciones; sin embargo, la moción altera las funciones y atribuciones que la ley le reconoce al director del Servicio de Impuestos Internos (SII) y busca otorgar al Ministerio Público una atribución de la cual actualmente carece.

El ministro dijo que hoy existe una coordinación entre distintos entes del Estado en materia de delitos tributarios, pero que “por razones de experticia, es el SII el que puede determinar cuestiones de impuestos, es el que sabe del tema y ahí la lógica que esté radicado este principio de exclusividad en ese servicio”.

El jefe de las finanzas públicas indicó que, además, “el principio de la acción penal es un elemento coadyuvante al objetivo de recaudar y, por lo tanto, tiene una ligazón muy fuerte con la lógica de recaudar. En términos de eficiencia, cualquier acción del Estado requiere de un análisis de costo-beneficio, que se determina mejor cuando el hacer investigaciones de este tipo directamente está en poder del que paga los costos”.

La autoridad comentó que facultad exclusiva del SII existe desde 1960 y que el organismo la aplica sobre la base de criterios “que prácticamente no han variado entre administraciones”.

Afirmó que, aunque puede ser fácil argumentar sobre el riesgo de arbitrariedad cuando se usa una facultad que es discrecional, “me gustaría poner en duda si esto cambiaría si (esa facultad) está en manos de decenas y cientos de fiscales: ahí sí que la dispersión de criterios puede llegar a ser máxima. Si ese fuese el problema, no es esta la solución”.

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