Justicia

Caso Caval: fiscal separó investigación y abrió nueva causa para Chadwick y Díaz

El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, separó la investigación del caso Caval y abrió una nueva causa para el síndico de quiebras Herman Chadwick y el gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda, quienes ya están formalizados por Ley de Quiebras y delitos tributarios.

La decisión de Moya –miembro del equipo investigador que dirige el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias- se conoció ayer viernes en la audiencia en que la defensa de Chadwick rechazó un procedimiento abreviado para probar en juicio oral que el síndico no cometió delitos.

Chadwick está formalizado por los delitos de otorgar ventajas indebidas del síndico, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas y omisión maliciosa de declaración, los dos primeros ilícitos en carácter de reiterados, según la fiscalía.

En tanto, Juan Díaz está formalizado por los ilícitos de otorgar ventajas indebidas del síndico, soborno y facilitación de facturas falsas, todos en carácter de reiterados.

En enero de 214, y en representación de la familia Wiessner Rifart, el síndico Chadwick, con las ayuda del gestor inmobiliario Díaz, vendió a Caval en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la sociedad después vendió en $9.500 millones.

Se suponía que ayer Chadwick aceptaría el procedimiento abreviado y, de esa manera, se convertiría en el primer condenado en el caso Caval, pero no aceptó esta salida alternativa. Incluso, ni siquiera asistió a la audiencia.

Además, en la misma audiencia el defensor de Chadwick, abogado Luis Masferrer, logró anular el arresto domiciliario nocturno que pesaba sobre el síndico, quien quedó sujeto sólo a la medida cautelar de firma mensual.

Asimismo, el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la solicitud del fiscal Moya, con el acuerdo de las defensas, y suspendió condicionalmente el procedimiento seguido en contra de Pablo Ovalle Andrade, Andrés Orchard Vergara, Mariclara González Lozano y Patricio Cordero Barrera, también formalizados en el denominado caso Caval.

En la resolución, el magistrado Gianni Libretti Peña, decretó las siguientes condiciones que deberán cumplir los imputados por el término de un año:

-Pablo Ovalle Andrade: fijar domicilio e informa eventuales cambios de este, y mantener patrocinio y poder vigente de la sociedad Wiesner S.A., es decir, prestación profesional como abogado de la sociedad en el proceso de impugnación de cuentas seguida en contra del síndico Herman Chadwick Larraín ante la Corte Suprema.

-Andrés Orchard Vergara: fijar domicilio, informar eventuales cambios, y firma mensual ante el Ministerio Público de Rancagua.

-Mariclara González Lozano: fijar domicilio, e informa cualquier cambio, y firmar ante el Ministerio Público cada dos meses.

-Patricio Cordero Barrera: fijar domicilio, informa eventuales cambios, firma mensual y el pago de 11 UTA ($6.175.000 al valor actual).

En la audiencia, además, el fiscal comunicó la decisión de no perseverar en el procedimiento seguido en contra de Pauline Besserer Esquerrer, imputada por infracción al Código de Comercio, y de Daniel Huerta Cordero, imputado como encubridor de infracción a la ley de quiebras.

Cordero estaba formalizado por facilitación de facturas falsas, mientras que Ovalle, Orchard y González los estaban por el delito de ventajas indebidas del síndico, ilícitos que conllevan bajas penas y por lo cual la fiscalía buscó una salida alternativa al juicio oral.

En la causa original, el tribunal fijó para el próximo viernes 28 de julio, la audiencia solicitada por el fiscal Moya, para discutir el cierre de la investigación.

  


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