Esta jornada, no más de 30 personas del Colectivo Contra el Olvido se tomó las dependencias de la sede central de la Democracia Cristiana, en Alameda 1460 para exigir que no se apruebe proyecto que libera a exmilitares presos por violaciones a los Derechos Humanos, y que padezcan una enfermedad terminal.
“En la Comisión de de Constitución de la Cámara de Diputados, se ha estado discutiendo la modificación a la Ley 18.216, que excarcela a todos los presos de las cárceles, incluyendo a Violadores de Derechos Humanos, que estén con enfermedades en fase terminal”, dice la declaración pública que la agrupación repartió a los medios.
Los manifestantes concurrieron a la sede del partido, para recordar, según ellos, que en la DC: “Fueron cómplices del golpe de Estado de 1973 y, por tanto, responsables de la muerte, tortura y desaparición de miles de chilenos”. Y luego agregan: “Hay golpistas que actuaron desde antes de 1973 y que hoy son parte del Gobierno. Muchos de los que fueron compañeros, hoy son traidores. Parecen olvidar que miles dieron la vida para que hoy, ellos estén en esos cargos”.
Argumentan, ademas, lo siguiente: “No estamos de acuerdo con ninguna iniciativa que deje en libertar a criminales de lesa humanidad, no sólo del pasado, sino también los responsables de las muertes en esta supuesta democracia, como, por ejemplo, a los asesinos de Matías Catrileo y Manuel Gutiérrez, entre muchos otros (…) Rechazamos todos los beneficios estipulados en la ley, en caso de violaciones a los DDHH., crímenes de lesa humanidad, etc. Exigimos que los asesinos no puedan salir con ningún resquicio legal, democrático, ni republicano”.
Por lo mismo, avalan el cierre de la cárcel de Punta Peuco para que los violadores a los Derechos Humanos: “Cumplan condenas en cárceles comunes sin privilegios, sin excepción alguna, y en ningún caso debe significar la libertad”.
Exigen, además, que se anulen los acuerdos de la Comisión de Constitución, sobre modificación de esta ley, dado que-creen- existen conflictos de interés por parte de algunos parlamentarios. “Es el caso de la diputada Marisol Turres (UDI), hija de una violador de los DD.HH., Jorge Turres, ex capitán del regimiento Yungay, al cual se le atribuyen 12 asesinatos. Por tanto, pedimos se le inhabilite a la legisladora de dicha comisión, impugnar la votación y realizar el proceso nuevamente”, dicen, y piden: “Al presidente de la comisión, Fuad Chahín tomar cartas en el asunto”.
Del mismo modo, emplazaron a la DC, y a todos los partidos de la Nueva Mayoría, a asumir el compromiso real con el “Nunca Más”, y a votar en consecuencia para no aprobar la liberación de ex militares condenados y con enfermedades terminales.
