En prisión preventiva quedaron seis colombianos y un canadiense detenidos en Antofagasta cuando trasladaban a Santiago la cantidad de 183 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, equivalente a 366 mil dosis que en el mercado tienen un valor de 3.660 millones de pesos.
La detención de esta banda internacional fue posible gracias a la coordinación de la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía de Antofagasta, la que a su vez trabajó en conjunto con la Fiscalía General de Colombia y la Policía Federal australiana.
La dinámica de esta banda era adquirir la droga en Colombia y luego usar nuestro país como pasadizo para distribuirla a mercados de otros continentes.
En este caso específico, los 183 kilos estaban destinados al mercado estadounidense. Las primeras diligencias y la colaboración con policías extranjeras permitieron identificar a los 6 colombianos -cinco hombres y una mujer- y al canadiense que operaba como el financista de la operación.
Los vendedores de la droga llegaron de Colombia a Santiago y luego se trasladaron a Antofagasta, donde tomaron contacto con el comprador. Mediante diversas y sofisticadas técnicas de investigación se logró establecer que la droga estaba acopiada en Iquique.
Luego de obtener las órdenes judiciales pertinentes se allanó un inmueble en Iquique, donde se encontró el total de la droga almacenada en diversas partes estructurales del domicilio.
Mientras que en Antofagasta se logró la detención de los miembros de la banda, los que se encontraban hospedados en un lujoso hotel, a los que se les incautó gran cantidad de dinero.
Esta organización mantenía importantes nexos con otras bandas internacionales, cuyo nivel de tráfico de droga era de gran envergadura, poseyendo gran poder económico y jerárquico.
De los detenidos dos de ellos mantienen antecedentes anteriores por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y munición.
En tanto, de los 6 colombianos detenidos, cuatro de ellos se encontraban en el país en situación irregular por visa vencida.
La droga decomisada fue inspeccionada por el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, en compañía del fiscal regional Alberto Ayala y el intendente Arturo Molina.
