Un proceso “transparente” es el usado para designación de notarios. Las cortes de Apelaciones del país elaboran ternas con nombres de candidatos idóneos que cumplen los requisitos. Estos son: tener experiencia en derecho, calificaciones destacadas, y poseer una carrera en el escalafón secundario del Poder Judicial.
Sin embargo, a veces se añaden a la lista abogados que, sin cumplir con el estándar solicitado, terminan siendo elegidos por el ministro de Justicia de turno. Lo anterior, constituye una señal de notarios “mal habidos” o “mal seleccionados”, lo que deriva en cuestionamientos de la ciudadanía o deja entrever ciertas sospecha de que hubo intención de beneficiar a ciertas personas.
Juzgados de Policía Local
Algo parecido ocurre para nombrar a los jueces de policía local. Cuando se abre una vacante postulan al caro experimentados secretarios abogados, que han reemplazado al propio juez en materias que van desde infracciones de tránsito, patentes de alcoholes, leyes de rentas y del consumidor. También ven temas como leyes de Pesca y Bosque, entre otras materias.
No resulta extraño, por ende, que postulen otros jueces de otras comunas. Las ternas también las confeccionan las cortes de Apelaciones, pero la última palabra la tienen los ediles de las respectivas comunas, puesto que dependen de los municipios, administrativamente, estos juzgados. Por eso, en la práctica, los méritos han pasado a segundo plano.
En el Colegio de Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, se vienen dando cuenta de ello. Por ejemplo, s critica el nombramiento de Josefa Calvo Olivares como nueva jueza de Policía Local de Talagante. Con 28 años y a tres años de haberse titulado, accedió a un cargo que a diferencia del resto de las magistraturas no expira al cumplir 75, sino que es de carácter vitalicio con un sueldo de $2.300.000 por concurrir tres horas tres veces a la semana, informa elmostrador.cl. O sea, no se explica que alguien tan joven ocupe un cargo que, como se dijo, requiere años de experiencia.
De acuerdo con la publicación, hay varios quienes atribuyen a ese parentesco su incorporación a la terna, donde competía con la actual secretaria abogado titular del 2° JPL de Vitacura, Natalia Vicuña y con el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel Diego Munita Luco, quien hace un año era uno de los 15 candidatos a llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema la salida del ministro Pedro Pierry.
Y de la terna que elaboró el tribunal de alzada sanmiguelino -donde Josefa Calvo fue la más votada- quedaron fuera otros secretarios y algunos jueces de vasta experiencia que también postulaban al cargo.
La presidenta del Colegio de Secretarios Abogados de los JPL, Claudia Díaz-Muñoz Bagolini, dijo que es necesario regular estos nombramientos para evitar que personas con poca experiencia sean las encargadas de impartir justicia en los ámbitos de su competencia.
La ley 15.231 de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, y específicamente su artículo 4 que reza: “Los Jueces de Policía Local serán designados por la Municipalidad que corresponda, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva, la cual abrirá un concurso por un plazo no inferior a diez días. Los interesados deberán hacer valer los antecedentes justificativos de sus méritos y poseer los requisitos que se exigen para optar al cargo”.
Esa regla, naturalmente, no se cumple. Sobre el caso particular de Josefa Calvo, Díaz-Muñoz señala: “No hay ningún mérito comprobable para que ella pudiera ser nombrada (…) sólo se puede comprender a la luz de que tiene un padre que es ex ministro de la Corte de Apelaciones, que es conocido, que debe conocer a varios también de los que pudieron tener algún tipo de relación con la conformación de esta terna. Y más encima se dio el caso que habían muchos otros profesionales que contaban con todos los requisitos para llegar a ser juez de policía local”.
Ejemplos varios
Por otro lado, se suman otros cuestionamientos que han sido objeto de críticas, como el nombramiento de la Jueza de Policía Local de La Reina María Pía Letelier Morán, hija del actual ministro del Tribunal Constitucional y ex diputado de la UDI Cristián Letelier. Ella, no obstante, y de acuerdo a lo que publica el municipio, tiene a su favor el haberse desempeñado anteriormente como secretaria titular en Renca y como directora jurídica en la comuna de Los Andes.
Uno de los más recordados es el del abogado Rindolfo Barra, quien asumió como juez de policía local de Mulchén. Su practicamente total desconocimiento de cómo desempeñar sus funciones lo llevó a evitar a toda costa la dictación de sentencias definitivas, para en cambio propiciar acuerdos entre las partes. Eso duró hasta que le tocó un caso irreconciliable, viéndose obligado a redactar un dictamen que, antes de emitirlo, envió por correo electrónico a una de las partes del litigio para que le hiciera correcciones. Para su desgracia el episodio ocurrido en 2009 se filtró y seis años más tarde el Tribunal Oral Penal de Los Ángeles lo condenó por el delito de prevaricación. Posteriormente la Corte de Apelaciones de Concepción lo removió de sus funciones, cuenta elmostrador.cl.
