Entrevista Exclusiva

Ministro de Desarrollo Social: “Las políticas en materia de pobreza y desigualdad han tenido efectos positivos”

-El titular de la cartera, Marcos Barraza, conversó con Fortín Mapocho. Habló, entre otros temas, sobre la pobreza que, de acuerdo con la encuesta Casen 2015, arrojó una disminución. “Ha tenido una baja sostenible, desde el año 1990 a la fecha (…) En la medida que nos impusimos una medición más exigente establecimos que la disminución bajó de 14% a 11%. Es decir, de casi 3 puntos porcentuales, en el periodo que va del año 2013 al 2015”, afirma.

-Asimismo, se refirió a la Reforma Previsional que se discute en el Congreso, de la cual dice: “Nos permite hablar de seguridad social y no de industria de pensiones”. Respecto de personas con discapacidad, sostuvo que con la Ley de Inclusión Laboral existe un avance “muy potente” en integración en el mercado del trabajo.

-Acerca del reconocimiento constitucional de pueblos originarios, dice que es un tema pendiente y que deben existir parlamentarios que los representen en el Congreso.

 

Por Gabriel Angulo González

Gonzalo tiene 9 años y le pide a su papá un PlayStation4. “No tengo plata para eso”, responde el progenitor. Llega el Día del Niño y pide un Iphone 7. La misma respuesta. Finalmente, recibe una consola de imitación y un celular chino. Crece y quiere estudiar medicina y le va mal en la PSU. “No puedo pagar una U privada”, escucha del padre.

Lo anterior, ¿Es pobreza? A lo mejor es “pobreza de mercado”. Concepto acuñado por Fundación Sol para aludir a la creada por el consumismo, organismo que también plantea que el ingreso mínimo debiese ser, al menos, de $410.000. Realidad aún lejana.

En cambio, la “pobreza extrema” tiene otra cara: la más pobre. Personas indigentes en la calle o que viven en “casuchas” de cartones o mediaguas. Porque, en Chile, en pleno siglo XX, aún existen los campamentos. Por tanto, pobreza: es el escaso haber de la gente pobre….según la Real Academia Española (RAE).

Existen, por lo mismo, distintos tipos y diferentes metodologías para medirla. Hay que considerar varias aristas, sondearlas y reflejarlas en un estudio.

Escasez multidimensional

A nivel global, la pobreza extrema ha bajado a la mitad desde el año 1990. Aunque sea un gran avance, todavía 1 de cada 5 personas en países en vías de desarrollo viven con menos de $US 1,25 al día, según datos de ONU.

Sin embargo, la pobreza va más allá de falta de ingresos y recursos para una vida sostenible.

“En general, los parámetros para definir qué es pobreza, ciertamente, es una convención técnico-política. No es otra cosa. Pero lo que hay que destacar es que, como país, nosotros hemos ido progresivamente, autoimponiéndonos, más exigencias del punto de vista de cómo medirla. Y, también, de cómo evaluar la desigualdad del país”, sostiene a Fortín Mapocho, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

El secretario de Estado explica que durante el año 2014 se construyó una nueva metodología, lo que significó actualizar los patrones de consumo fijados desde el año 1998, al periodo 2013 y 2014.

“Y, eso, nos permite afirmar, que la pobreza ha tenido una baja sostenible, desde el año 1990 a la fecha, con caídas importantes en la década del 2000, pero, en la medida que nos impusimos una medición más exigente, también, establecimos que la disminución bajó de 14% a 11%. Es decir, de casi 3 puntos porcentuales, en el periodo que va del año 2013 al 2015”, afirma.

De acuerdo con la encuesta Casen 2015, los índices de pobreza en Chile reportaron una baja notoria en el período 2006-2015, porque se bajó de un 29,1% a un 11,7%.

Además, la medición revela que 1.426.510 personas están en situación de pobreza “no extrema” por ingresos. Se trata de un 8,1% de la población.

Sin embargo, el ministro alude a un concepto más amplio: “Pobreza multidimensional”. Condición que incluye factores de, por ejemplo, escolaridad, nutrición, adscripción al sistema de salud, seguridad y jubilaciones.

El sondeo muestra que un 20,9% de la población vive en pobreza multidimensional. Lo que se traduce en más de 3 millones de personas, viviendo en situaciones deficientes.

“Esta medición de carácter multidimensional nos permite constatar que la calidad de vida de las familias, ya no sólo evaluadas a partir de los ingresos, sino que también pensando cuáles son sus satisfacciones de bienestar, en educación, salud, habitabilidad, trabajo y seguridad social. Y en la última medición se incorporó, la cohesión y redes”, asevera.

Ante lo mismo, añade: “Al establecerse una pobreza multidimensional, nos impusimos un estándar más elevado, y ese estándar, también ha arrojado que hay un disminución, tomando como referencia, entre los años 2013-2015”.

Si bien reconoce una baja, esos niveles son altos para un país en vías de desarrollo perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“Las políticas gestionadas en materia de pobreza y desigualdad, han tenido efectos positivos, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, teniendo presente que disminuyó la desigualdad, con una caída moderada, pero significativa (…) Cifra que sigue siendo alta, pero muestra que hay una orientación de política pública, que tiene efectividad en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas”, admite.

El secretario de Estado no olvida a personas que viven en pésimas condiciones. “Ciertamente, que hay que tener un esfuerzo también orientado hacia la población que vive en campamento, que es una minoría, dado que ha disminuido significativamente”.

-¿Cómo evalúa la gestión de su Ministerio?

-“En general, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de los instrumentos que hemos implementado, ha ido avanzando progresivamente. Como Ministerio, en estos tres años, ha habido un esfuerzo sistemático para redefinir instrumentos, que nos permitan una mejor política pública con enfoque de derecho. Y eso va en línea con hacer más incidente al Ministerio en la construcción de la política pública, que es lo sustantivo”.

Sobre el Registro Social de Hogares (RSH), que entró en vigencia el año pasado, y que clasifica en qué segmento poblacional pertenecen las familias, se mostró conforme con su implementación.

“Es un instrumento que reemplazó a la Ficha de Protección Social, y que se ha desplegado de manera exitosa. Los índices de satisfacción de usuarios son elevados. Están siempre sobre el 60% o 70% (…) Nos permite calificar y seleccionar a las familias, o a las personas, para la protección social, en base a datos más objetivos. En consecuencia, a datos más justos, más transparentes”, recalca.

Para Barraza, no es sólo una herramienta de focalización social. “No está diseñado sólo para eso. Vale decir, en la política pública de este tiempo, cohabitan políticas focalizadas, pero también de corte universal. Y con el RSH, como instrumento, nos permite también contribuir, por ejemplo, a soportar en términos de análisis los jóvenes que acceden a la educación gratuita”.

Cuando debutó el instrumento, las familias más vulnerables que cuentan con Subsidio Único Familiar, correspondían al 40%. Hoy, se elevó el margen al 60%.

Por otro lado, a partir del año 2015 se aplica la Ficha Básica de Emergencia en las catástrofes que vive el país. “Lo importante es que tenemos una ficha que permite establecer un diagnóstico social y priorizar en función de ese análisis”.

Se levanta en familias afectadas por una catástrofe, ya sea incendios forestales, terremotos, tsunamis, aluviones, erupciones, lloviznas, etc. El “bono enseres”, en tanto, es una medida a consecuencia de la Ficha. Y depende, de una decisión política del Gobierno de turno, el monto que recibirá cada hogar.

Barraza, destaca que todas estas herramientas de medición, permiten obtener una radiografía social de lo que acontece. “Todos estos instrumentos que se han ido construyendo, le permiten al Ministerio de Desarrollo Social tener una incidencia mayor, en la construcción de la política pública. Y eso, en mi opinión es lo más relevante”, resalta.

-¿Cuál es el pilar fundamental del desarrollo social?, ¿La educación por ejemplo?

-“Es que la ciudadanía, no tiene una sola dimensión. En general, la calidad de vida de las familias contiene todos esos bienestares. No sólo educación. Sin embargo, cada gobierno establece una prioridad, desde el punto de vista de dónde transitar. La Reforma a la Educación y los efectos que tiene impactan en la educación como un bien público, como un derecho para el estudiante y su familia, pero también es una reforma que va a impactar en el mejoramiento del capital humano para efectos de desarrollo de país”.

Inclusión laboral

En junio del presente se publicó la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015, que fija una cuota del 1% de integración laboral a personas en situación de discapacidad, en empresas y organismos con más de 100 trabajadores. La normativa entrará en vigencia en diciembre y beneficiaría a más de 27 mil personas.

Son reservas de cupos laborales para personas con discapacidad del 1%. Pero ya hay empresas que, incluso, han anunciado el 2% (…) He conversado con organizaciones de discapacidad y empresas que se están adecuando para estar al día en esta ley. Esto está generando un cambio cultural muy potente, porque las empresas notan factores de convivencia dentro de ellas. Vi que estaban capacitando, en una empresa, a un vendedor con lenguaje de señas. O sea, eso es un efecto directo”, comenta.

-¿En qué quedó el proyecto de la Subsecretaría de la Discapacidad?

-“Nosotros priorizamos la Ley de Inclusión Laboral, porque entendíamos-y creo ha tenido un efecto muy positivo-que eso provoca un cambio cultural muy potente. Me imagino que el próximo gobierno tendrá que impulsar la Subsecretaría de la Discapacidad, porque también es una necesidad con la Ley de Inclusión Laboral, que va a dinamizar el componente de inclusión, porque el trabajo fundamental es abrir oportunidades en las personas para nivelar desventajas”.

Consultado sobre si hay que disminuir la existencia de “colegios especiales”, y haya de un sólo tipo, donde todos los menores se eduquen, Barraza sostiene: “Hay que avanzar más. La tendencia mundial es que no existan escuelas segregadas, y que la educación especial, esté más bien incluida dentro de la educación general. Ese es el tránsito que está llevando la política pública, en materia de personas en situación de discapacidad. Y eso, requiere una mayor inversión. Es uno de los desafíos”.

Reforma previsional

Hace dos semanas, el Gobierno envió al Congreso tres proyectos de Ley, que contemplan la Reforma Previsional, que permitiría subir en 20% las actuales pensiones que dan las AFP, y que establece un administrador estatal y autónomo para el 5% de cotización adicional con cargo al empleador.

En cuanto al 5%, el 3% se destinará a las cuentas individuales de cada trabajador y será heredable, mientras que el 2% restante irá a un Sistema de Ahorro Colectivo, que lo administrará un Consejo de Ahorro Colectivo.

“Los tres proyectos se hacen cargo de la realidad actual de las personas (…) Es una reforma que nos permite hablar de seguridad social y no de industria de pensiones. Los países que han resuelto el problema, con mejores tasas de reemplazo, son aquellos que se edifican en base a modelos donde cohabitan mecanismos solidarios de reparto y de capitalización individual. Es una sistema mixto”, asegura Barraza.

Y continúa en su análisis: “Es una reforma que apunta donde tenemos las principales insuficiencias. Es decir, las bajas pensiones. Especialmente, en las mujeres y en la clase media. Por lo mismo, estos proyectos permiten fortalecer el rol del Estado”.

-¿El 2% es reparto?

-“Es un mecanismo solidario de reparto, que nos permite tener una forma solidaria desde los hombres hacia las mujeres, desde personas que tienen más ingresos a quienes tienen menos, y desde los trabajadores jóvenes respecto de personas que están pensionadas”.

-¿El 5% lo paga realmente el empleador o ese costo las empresas lo traspasan a los trabajadores con disminución de sueldos o desvinculaciones?

-“Es una interpretación equivocada. La cotización se incrementa 1% por año. El sexto año ya tenemos el 5%. El mercado laboral es capaz de absorber eso sin afectar a los trabajadores”.

Respecto de qué pasó con la AFP estatal, que tendría que operar con las mismas reglas del juego, afirma: “Esta reforma tiene más potencia, pensando en que exista un mecanismo solidario y una participación del Estado. El Consejo es una entidad pública y autónoma, con profesionales de calidad, y sin fines de lucro”. Y sigue: “La rentabilidad de cotizantes dista mucho de la rentabilidad de la industria. El fin último de este ente público no es generar utilidades, sino rentabilizar de mejor forma los ahorros de los trabajadores”.

No descarto, en todo caso, que se implemente en el futuro. “Una AFP estatal puede ser necesaria más adelante, pero lo que hoy se envió tiene el peso específico del componente solidario, que es fundamental para mejorar las pensiones”.

Pueblos originarios

Administrativamente, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadis), depende del Ministerio de Desarrollo Social. Su exdirector, Alberto Pizarro, renunció a su cargo hace dos semanas para postular al Senado por la Región de La Araucanía.

Organismo que gestiona políticas en un tema “sensible” para el actual Gobierno: la relación del Estado con los pueblos originarios. Y, en específico, lo que acontece en la IX región con el conflicto mapuche y atentados incendiarios, como el visto el sábado último, que derivó en la quema de 18 camiones en Temuco.

El 01 de junio la Presidenta, Michelle Bachelet, anunció el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía, para reducir el problema.

Sin embargo, está pendiente, también, el reconocimiento constitucional de los nueve pueblos originarios que existen en Chile.

“En el proyecto de nueva constitución está consignado el reconocimiento constitucional, con todo lo que ello deriva, pensando en reconocimiento de la lengua, la existencia de territorios especiales, los emblemas y símbolos, y en general, en el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, antes que el Estado de Chile”, comenta Barraza.

Más de un 1.580.000 personas admite pertenecer a un pueblo indígena, según cifras de la Casen 2015. Es decir, en la última década se pasó de un 6% a un 9% de la población. Por ende, el ministro insiste en la necesidad de una nueva carta fundamental.

“En  el proceso participativo constituyente indígena participaron 17 mil representantes de las diferentes organizaciones y comunidades indígenas. Y estamos en esta fase, que es el complimiento del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que permite tener acuerdos para relevar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas”.

En ese marco, valora la gestión del Ejecutivo: “En el primer Gobierno de Bachelet se reconoce el convenio 169 de la OIT. En este segundo, hemos aprobado el convenio de derechos de pueblos indígenas de la OEA. Es decir, se ha avanzado, pero hay que pegarse un salto cualitativo, que es, que los pueblos tengan representación mediante escaños reservados en el Congreso”.

-¿No le hace “ruido” una discriminación positiva si se obliga por norma la inclusión de parlamentarios indígenas?

-“No, para nada. Lo que estamos hablando es de que los pueblos indígenas, en la medida que son pueblos, requieren tener grados de participación, incidencia y deliberación, que hoy no tienen”.

Finalmente, se le consulta sobre contingencia política. Dice que descartó ser candidato a diputado y no se pronunció acerca del presidenciable, Alejandro Guillier, que apoya el Partido Comunista (PC). Colectividad en la que Barraza milita.

 “Eso fue una discusión del año pasado. En mi caso, yo decidí seguir como  ministro de Desarrollo Social, mientras conserve la confianza de la Presidenta”, dice y concluye: “No me corresponde hablar de candidaturas, toda vez que tenemos un instructivo de prescindencia”.

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