El proceso de evaluación ambiental del proyecto minero Dominga concluyó el jueves 9 de marzo, cuando sesionó la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como desfavorable, es decir, fue rechazado.
Posteriormente, el pasado 21 de agosto el Comité de Ministros ratificó esta decisión sobre la obra minero-portuaria, que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera, en la IV Región. Los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Carmen Castillo; de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Energía, Andrés Rebolledo; de Minería, Aurora Williams; y de Medio Ambiente, Marcelo Mena, votaron el proyecto. La mayoría optó por no aprobarlo.
Había sido en septiembre de 2013, cuando la mandante Andes Iron ingresó el EIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De ahí en adelante, la iniciativa fue blanco de críticas, pero también defensores debido a los empleos que podría generar en la zona.
¿Intervencionismo?
Pero también hubo acusaciones sobre “presiones” para el rechazo. Tal es el caso de funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la Región de Coquimbo, quienes acusaron de “intervencionismo” y de “presiones indebidas” a representantes del Gobierno central para que Dominga, finalmente, fuera rechazado.
Señalan que, en los procesos internos del SEA de Coquimbo, se agilizó la evaluación para que no se realizaran todos los estudios e informes pertinentes, que no se incorporara al EIA observaciones ciudadanas (más del 50%, dicen), y se habría impedido que Andes Iron incorporara más antecedentes para medidas compensatorias y de mitigaciones sobre impactos en la zona donde se instalaría.
Por lo mismo, profesionales de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana enviaron este mes una carta (Ver carta que llegó a Fortín Mapocho de forma exclusiva) a la directiva regional del SEA, reclamando sobre estas irregularidades y malas prácticas durante la tramitación del proyecto, tanto en gobierno del expresidente Sebastián Piñera y el actual de Michelle Bachelet.
De este modo, reclaman, el SEA regional no habría considerado las siguientes materias y acogió aún así el proyecto a trámite: No se estipuló un sistema de transporte del personal desde La Serena hacia la ubicación de la planta; faltó “información relevante” del proyecto; no se evaluó la idoneidad de medidas de mitigación, como el trasporte marítimo que podía impactar en las especies; y se habrían dejado fuera más del 50% de observaciones ciudadanas.
El SEA, acusan, elaboró una respuesta, a través del ICSARA (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), sin considerar la opinión de los profesionales de División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, ni tampoco se habría incorporado observaciones ciudadanas de la ADENDA n°3. Además, se habrían dejado fuera las observaciones de la CONAF (Corporación Nacional Forestal), al respecto.
“En la coordinación del proceso de consideración de las observaciones ciudadanas (a cargo del Departamento de EVAPAC del nivel central) hubieron tanto errores en la gestión de las mismas, como en el consolidado que enviaron, advirtiéndose por nuestra parte que faltaban más del 50% de las observaciones que no habían sido incluidas en dicho capítulo, debiendo sacarse una resolución que complementara el Anexo del ICE con el capítulo de observaciones ciudadanas“, dice la misiva.
Por otro lado, habría intervenido el Departamento de Soporte Estratégico y Coordinación Institucional (SECI) del mismo organismo a nivel central: “No sólo se limitaron a colaborar en nuestra gestión, sino que también a dirigirla, con presiones para acortar los plazos en la evaluación, en la obtención de productos de la evaluación en función de tiempos que sólo ellos manejaban, no relacionados con la calificación final del proyecto”, señalan.
Por todo lo anterior, pidieron a la directora regional del SEA Coquimbo, Claudia Martínez, lo siguiente:
“1.-Hacer un análisis sobre la gestión del SEA regional, respecto del “intervencionismo” del nivel central. A nuestro juicio extralimitado, que no solo se limitó apoyar nuestras acciones (…); sino que a imponernos decisiones sobre temas fundamentales de la evaluación. Una cosa es el apoyo y otras cosa es que tomen ellos la dirección y nos dejen sin voz”.
“2.- …Dejar constancia que los profesionales no tuvimos injerencia en las decisiones finales del proyecto…”.
Concluye la carta con la firma de dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del SEA (ANFUSEA).
