Derechos Humanos

Gobierno vulnera garantías constitucionales por decreto

El Ministerio de Interior y Seguridad publica busca modificar el decreto 142  del 2005, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre Reglamento de interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación, ampliando el tiempo en que las empresas deben guardar la información requerida por la autoridad. Pero la pregunta de fondo es, ¿Puede limitarse o afectarse una garantía constitucional, como la inviolabilidad de toda forma de correspondencia, mediante un decreto…?

El problema concreto es que la nueva normativa pretende modificar la obligación que tienen las compañías de retener los datos de las comunicaciones que se realizan en Chile, extendiendo el período de almacenaje de uno a dos años.

Además el decreto pretenda aumentar significativamente los datos sobre las comunicaciones que son almacenadas por las compañías de telecomunicaciones, ampliando además este registro a todos los tipos de comunicaciones que se realizan en Chile, incluyendo:

  • Datos de titular.
  • Llamadas que realiza.
  • Con quiénes se comunica.
  • Los sitios que visita en internet.
  • Tráfico de dato y voz de las comunicaciones.
  • Datos de las comunicaciones a través de sistemas de mensajería, como WhatsApp.
  • Ubicación georeferenciada de todos los clientes.

Estos llamados “metadatos”, que supuestamente no entregan información acerca del contenido de las comunicaciones, permiten sin embargo, realizar un análisis de los patrones de comportamiento del afectados, sus hábitos e incluso predecir su comportamiento. Por tanto es razonable discutir la legitimidad de las medidas que obliguen a establecer una retención general de metadatos (de todos los habitantes del país), más aún cuando esta práctica ha sido declarada ilegal en muchos países de orbe.

El decreto además cuenta con un artículo que prohíbe a las compañías de telecomunicaciones la implementación de cualquier tipo de tecnología que pudiese entorpecer la entrega de esta información, lo que puede implicar un obstáculo importante para la implementación del cifrado de las comunicaciones.

No solo eso: el decreto establece la posibilidad de exigir a cualquier persona, jurídica o natural, almacenar datos comunicacionales, mediante una orden judicial. Eso significa, por ejemplo, que se le podría pedir a un medio de comunicación que almacene los datos de las comunicaciones de sus periodistas con sus fuentes, lo mismo respecto a una universidad con sus estudiantes o una organización de activistas con sus miembros.

Actualmente, tanto el período como la naturaleza de los datos comunicacionales que las empresas deben almacenar se encuentran regulados en el artículo 222 del Código Procesal Penal. Ahí se establece, de forma expresa, que dicha retención se realizará por un período de un año y se limita únicamente a los números IP de las conexiones que realicen sus abonados. Mediante este decreto, el Gobierno pretende regular materias propias de ley, saltándose la discusión democrática que exigen aquellas materias que impactan el ejercicio de derechos fundamentales.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que ciertos actos del gobierno pueden tener un impacto en el ejercicio de derechos fundamentales. Por lo mismo, nuestra Constitución limita las facultades del poder político, exigiendo que este tipo de medidas solo puedan ser reguladas por el legislador, una entidad independiente del Poder Ejecutivo y sujeta a control democrático.

El Senador Alejandro Navarro por ejemplo ha cuestionado públicamente constitucionalidad de la norma reglamentaria, por lo que señaló: “esta será la carta blanca para el uso abusivo de información privada de los chilenos y chilenas“, y remató: “Es una aberración en contra de los derechos y la privacidad de las personas y que vulnera la Constitución de la República, ya que esta garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas

Para esta reglamentación el Gobierno, que viene trabajando el tema desde el 2014, cuando Rodrigo Peñailillo era Ministro del Interior, no se consultó a académicos ni expertos en la materia y la falta de discusión parlamentaria contribuyen a que esta materia se encuentre completamente alejada de la luz y el escrutinio públicos

Además este decreto parece contradecir abiertamente los principios de la Política Nacional de Ciberseguridad, que entre otras cosas, valora la implementación de tecnología de cifrado, establece la necesidad de asegurar el debido proceso y considera que la vigilancia masiva es una vulneración a los derechos fundamentales.

 

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