El proyecto fue firmado por la Presidenta Bachelet y Raúl Saldívar es uno los autores. Se trata de la iniciativa legal que tipifica el delito de incitación a la violencia.
La normativa busca que las personas que inciten de manera pública a la violencia física a personas por raza, religión, origen, sexo, orientación sexual e identidad de género reciban penas de cárcel y multas.
Al respecto, el diputado socialista y uno de los principales autores del proyecto expresó: “Es importante porque opera contra todas las formas de discriminación, cualquiera que promueva acciones violentas, odiosas e intolerante contra cualquier persona, ya sea por asuntos religiosos, orientación sexual, xenofobia u otras que indiquen algún grado de conducta discriminatoria será sancionado, se tipifica el delito en particular”.
Sobre este proyecto, añadió: “Esas conductas que llamen al odio no pueden ser toleradas, por lo tanto deben ser sancionadas y eso es lo que busca esta ley y que no estaba tipificado en nuestro sistema penal y por tanto es un paso importante en la búsqueda de mejores condiciones de integración social”.
Por su parte, Bachelet manifestó: “Con dolorosa frecuencia nos enteramos de casos de agresiones verbales, físicas o psicológicas motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima. Aún resuena en nuestra memoria el horroroso crimen en contra de Daniel Zamudio, asesinado brutalmente por el solo hecho de ser gay. Ataques como estos, basados en el prejuicio y la intolerancia siguen repitiéndose cada cierto tiempo”.
El diputado por la región de Coquimbo valoró que el Ejecutivo enviara el proyecto para su discusión en el congreso.“Representa por cierto un avance, importante y sustantivo en materia de establecer una sociedad con mayor grado de tolerancia, mejores niveles de convivencia e integración”, concluyó.
Presidio menor
La iniciativa establece pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales (1,4 a 2,3 millones de pesos, aproximadamente). Cabe señalar, en caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de su labor o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a tres años de cárcel y la multa será de 50 UTM.
Este ley modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas haciéndolas responsables del delito cuando sea cometido por sus dueños, controladores, ejecutivos o representante. También modifica la Ley de Prensa, eliminando la norma que sólo castiga con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades.
El proyecto será enviado al Congreso para comenzar su discusión legislativa.
