La vocera de La Moneda, Paula Narváez, dijo que el Gobierno no tiene nada que informar respecto al cierre del penal de Punta Peuco, y volvió a justificar el levantamiento del secreto del Informe Valech sobre prisión política y tortura.
Hoy en La Tercera, el ministro de Justicia, Jaime Campos, declaró que “yo lo único que sé y lo reitero: a la fecha, el gobierno de Chile no ha adoptado ninguna resolución”. Al respecto, Narváez señaló escuetamente que “el Gobierno, cuando tenga algo que informar respecto al cierre de este penal lo hará oportunamente. No tengo nada más que agregar”.
Consultada por las críticas de Carmen Gloria Quintana al secreto que se estableció para los testimonios entregados a la Comisión Valech, la ministra Narváez enfatizó que como Gobierno “somos tremendamente respetuosos de las opiniones que puedan hacer las víctimas de los violadores de los derechos humanos”.
Sin embargo, añadió que “como Ejecutivo, desde nuestro rol, lo que nos interesa es conseguir mayor verdad, tener antecedentes que estén disponibles para los Tribunales de Justicia, resguardando la privacidad de las víctimas”.
En ese sentido, añadió que lo que motiva al Ejecutivo es “avanzar hacia un camino de mayor justicia” y por eso “hemos reiterado, y han reiterado así quienes integraron el trabajo de la Comisión Valech, la importancia siempre estuvo en resguardar la privacidad de las víctimas y en el tener contexto y antecedentes de lo que había sucedido en la dictadura”.
Además, requerida por otras declaraciones del ministro Campos, quien señaló que la política de menores en Chile está colapsada, la vocera de Gobierno precisó que esas afirmaciones “son coherentes” con el diagnóstico que tenía la Presidenta Michelle Bachelet sobre el tema de infancia y que motivó llevar adelante “una reforma histórica en materia de institucionalidad de la infancia en nuestro país”.
Al respecto, sostuvo que el Gobierno “ha asumido una política en materia de infancia que es bastante amplia” y que considera distintos proyectos de ley enviados al Congreso, la creación del Consejo Nacional de la Infancia y la reforma del Servicio Nacional de Menores, “que transforman esta institucionalidad en dos áreas completamente distintas. Por una parte, lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de los jóvenes infractores de ley y, por otra parte, todo lo que tiene que ver con la infancia vulnerada y, por lo tanto, con la necesidad de protección de niños, niñas y adolescentes”, concluyó.
