-Jorge Canals, en entrevista con Fortín Mapocho considera que el actual Gobierno dejará un legado en materia ambiental, que permitirá a Chile estar a la altura de países desarrollados. “Eso tiene que ver con que existe un estándar mayor al momento de calificar los proyectos de inversión en el sistema de evaluación ambiental, respecto de los impactos que la actividad va a producir en territorios donde se instalen”, dice.
Por Gabriel Angulo González
La semana pasada, el subsecretario del Medio Ambiente (MMA), Jorge Canals, estuvo subrogando al ministro de la cartera, Marcelo Mena, quien acompañó a la Presidenta, Michelle Bachelet, a la versión 73 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En esa calidad explicó, por ejemplo, el proyecto de Ley anunciado por la mandataria en la ONU de eliminar bolsas plásticas en supermercados. “Establecimientos de comercio en comunas costeras, es decir, aquellas comunas que están adyacentes a la costa (…) de acuerdo a la normativa general, tienen la prohibición de la entrega a cualquier título, de bolsas plásticas”, dijo a Cooperativa.cl.
Pero antes de eso. El mes pasado, la autoridad visitó nuestro medio para hacer una balance de la gestión del Gobierno en protección ambiental. Además de mencionar logros alcanzados en la materia planteó lo desafíos que Chile debe afrontar hacia el futuro.
-¿Cómo evalúa la gestión del Ejecutivo en materia medioambiental?
-“El Gobierno va a terminar con un sello ambiental importante. Va a ser uno de sus legados. En un principio, el tema ambiental no aparecía en la primera plana. Había otro temas sustantivos como la educación, pero el ambiental va a terminar siendo uno de sus legados. La Presidenta así lo ha señalado, junto al ministro (Marcelo) Mena. El Gobierno va a terminar con una agenda ambiental bien sustantiva”.
Consultado sobre qué aspectos estima para esta positiva evaluación, destaca la mejora progresiva en la calidad del aire de Santiago y zona sur, además de la protección a la biodiversidad, con un nuevo organismo que podría ver la luz el próximo año.
“En términos de la calidad del aire, que es el principal problema que tiene el país, y que afecta a casi 10 millones de personas, este Gobierno partió con dos Planes de Descontaminación Ambiental (PDA). Y va a terminar su gestión ambiental con 14, que se hacen cargo del tema que afecta a la zona centro-sur del país. Muchos de esos planes, además, se enfocan especialmente en el control de la emisión del material particulado fino (MP2,5)”, dice.
En términos de resguardo a la biodiversidad, con los últimos anuncios de la Presidenta en su última cuenta pública, dice Canals, Chile queda a la vanguardia en protección de áreas marinas y terrestres: “Con casi un millón más de kilómetros de superficie marina protegida al terminar este Gobierno. En distintas áreas, como Cabo de Hornos, Archipiélago Juan Fernández (…) Además, tenemos casi 4,5 millones de m2 de superficie terrestre protegida en la red de parques nacionales de la Patagonia, que incorpora la donación más grande que se haya hecho en la historia de Chile, que hizo la asociación de Douglas Tompkins”.
Estándar ambiental
Las medidas mencionadas, más otras, forman parte de una visión país que busca mejorar el “estándar ambiental” con que se enfrentan fenómenos relativos a este ámbito, como el calentamiento global. El que, según el subsecretario, se ha elevado: “Nos hemos preocupado de educar a la población para enfrentar el cambio climático y en eso el Gobierno ha sido enfático”.
A lo anterior, se suma la conformación de una nueva institucionalidad ambiental en los últimos 5 años. Partiendo por el propio Ministerio de Medio Ambiente, además del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), los Tribunales Ambientales y el servicio que está hoy en tramitación en el Parlamento.
“Estamos en una etapa de transición, que tiene que ver con la consolidación de la nueva institucionalidad ambiental, que está robusteciéndose. Se están constituyendo los últimos Tribunales Ambientales en Antofagasta y está en tramitación en el Congreso, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, cuenta Canals.
-¿De qué manera esta nueva institucionalidad ha elevado el estándar?
–“Eso tiene que ver con que existe un estándar mayor al momento de calificar los proyectos de inversión en el sistema de evaluación ambiental, respecto de los impactos que la actividad va a producir en territorios donde se instalen, y también en la intensidad con que funcionen, porque se someten a revisión constante. Existe una jurisdicción especializada, con ministros abogados y científicos, quienes dan cuenta de criterios técnicos y ambientales, respecto de sus impactos, haciendo valer principios reactivos y precautorios (…) O sea, hay un estándar mayor, por cierto. Se trata de que la institucionalidad permita el desarrollo de las actividades económicas, pero con estándares ambientales exigentes y verificables”.
Normativa vigente
De acuerdo a Canals, la normativa ambiental es el principio mediante el cual se construye un mayor estándar. Existen, por ejemplo, las normas de emisión o de calidad, las cuales se someten a revisión y actualización, cada cinco años.
“Obviamente, la premisa es realizar una revisión constante, porque tiene que existir certidumbre jurídica, pero los estándares siempre son revisables, de acuerdo a la experiencia comparada, sin perjuicio de que, en términos generales, nuestra legislación es bastante exigente”, argumenta.
Ante lo mismo, añade: “Lo que busca la legislación es determinar si un proyecto o actividad, que debe, por términos legales, someterse a una evaluación ambiental, cumple o no con la normativa (…) Entonces, tampoco se le puede pedir al sistema, que se haga cargo de otras cosas anexas al proyecto que se evalúa, con planificación territorial o con ponderaciones económicas, que son relevantes, sin duda, pero que nosotros tenemos por ley atribuida una competencia y un objetivo específico del cual uno no puede moverse, que es: determinar si un proyecto o actividad, cumple o no con la normativa ambiental vigente”.
Canals explica que se evalúa cada proyecto, considerando los impactos específicos en la zona donde pretende instalarse. “Se evalúa, según su mérito, de acuerdo a sus distintas áreas de influencia, líneas de base, y los componentes que afecta. Existen criterios generales, por principio básico, pero el proceso evalúa cada iniciativa en su mérito, según impactos que produce”.
Respecto del Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que es una instancia político-administrativa que revisa el resultado previo de la Comisión de Evaluación Ambiental en alguna intendencia, en cuanto a factibilidad de un proyecto, Canals se mostró cauto.
“Es la institucionalidad que nos rige. Uno como funcionario público, no le corresponde comentar (…) La Ley N° 19.300 ha determinado, que cuando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es calificado desfavorable o con ciertas condiciones que hizo el titular del proyecto y que no corresponden, la forma de recurrir aquello, es a través del Comité de Ministros. Igualmente, para aquellas personas que, con legitimidad activa, habiendo participado en procesos de participación ciudadana, sienten que han sido vulnerada en sus derechos”, asevera.
Algunas autoridades han defendido el crecimiento económico, como el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien reemplazó en el cargo a Rodrigo Valdés, que renunció, justamente, por tener esta posición diferente a la proclamada por la Presidenta Bachelet, acerca del “sello” ambiental de su Gobierno.
Frente a eso, Canals señala: “Cualquier proyecto que tiene controversias o es polémico, ya sea por la naturaleza de su monto de inversión o impactos, siempre va a generar un debate en la sociedad, y eso está súper bien. No hay ningún problema. Cada parte, desde donde opina va a establecer sus posiciones y eso permite que la sociedad delibere (…) Una de las virtudes del sistema es que es bastante transparente. Cualquier persona puede revisar cualquier documento, desde que su inicio hasta su fin en la página web del SEA”.
En otra arista, la autoridad resalta la necesidad de que en Chile se potencien las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en desmedro de las que usan combustibles fósiles, como las termoeléctricas.
“Nadie pensaba que íbamos a llegar a un nivel de matriz energética no convencional, que hoy marca casi un 17%, cuando antes se hablaba que sin Hidroaysen tendríamos carencia energética si no se aprobaba. Con el tiempo eso se desmintió de forma absoluta. El compromiso de Estado es llegar al año 2050 con el 70% de la matriz energética con las ERNC”, dice.
Acto seguido, añade: “Ha habido una explosión de proyectos fotovoltaicos, en virtud de un marco regulatorio propicio y un ecosistema favorable a este tipo de inversiones, cuyas licitaciones de precios han llegado a rangos records en el mundo, sin necesidad de subsidios a este tipo de energías. Este Gobierno va a dejar un profundo legado, que no tiene comparación, con niveles de precios en el mundo”.
Ley de reciclaje
La Ley 20.920, más conocida como Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que establece un marco regulatorio para la gestión de residuos y define la responsabilidad que tienen las empresas productoras en esta materia, fue promulgada el año pasado.
La normativa pretende configurar una “economía circular”. Vale decir, reducir al máximo los residuos para tratar de darles una reutilización, minimizando la cantidad de materiales que van a parar a rellenos sanitarios.
“Tenemos una Ley de fomento al reciclaje, que incorpora un instrumento económico, que es la responsabilidad extendida del productor. Fue publicada en mayo de 2016, y tiene incorporada metas de selección y valorización de basura. Y eso va a provocar un cambio profundo para aquellos productores prioritarios, que son seis”, sostiene.
Con la norma, las empresas tendrán que organizar y financiar sistemas integrados de gestión de residuos para asegurar su trazabilidad y reutilización como material reciclado, según valorización y rangos que determine el MMA.
“Entonces, hay un trabajo en conjunto entre el sector público y privado para ir estableciendo metas y ver su cumplimiento. Por ejemplo, el ecodiseño de los productos y su certificación. Por tanto, va a ser un cambio sustancial y profundo para las empresas y personas”.
Sin embargo, la educación ambiental también es primordial en hogares y colegios para que exista una “conversión ecológica” y así la gente aprenda a separar los residuos. “O sea, una revolución profunda y cambio de conducta, en separación de origen. Y de tener la confianza en que esa separación tendrá la trazabilidad suficiente, de forma que esos residuos van a llegar separados a lugares donde serán valorizados y reciclados”, afirma Canals.
Nuevo servicio
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas está en trámite en el Congreso. El subsecretario espera que se apruebe en su Gobierno. “Es difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde”. Sin perjuicio de que, según él, “en un plazo de dos años debería estar ya listo este Servicio, funcionando con plena vigencia”.
“Queremos actualizar el tema de la protección de la biodiversidad a un estándar mayor en términos de institucionalidad. Además, va de la mano con el nuevo Servicio Nacional Forestal, que tiene que ver también con rediseñar la Conaf, que tiene una fisonomía jurídica bien especial, porque es de carácter público-privado”, arguye.
-¿Cómo se soluciona el problema en zonas saturadas de contaminación como Til Til, Coronel o Puchuncaví-Quintero?
-“Las personas hablan de zonas de sacrificio, pero no tiene ese nombre reconocimiento en nuestra legislación. Cuando se declara una zona saturada, hay un camino específico y obligatorio, que tiene que ver con un instrumento ambiental llamado Plan de Descontaminación Ambiental (PDA). Según ese plan, y el contaminante, se determinan acciones a seguir. Por ejemplo, Santiago es una zona saturada de MP 2.5., y hoy está en Contraloría un PDA específico para eso (…) Se está trabajando con un instrumento de gestión que es bien inédito, que se denomina Plan de Recuperación Ambiental-Social (PRAS), que involucra un diagnóstico compartido con la comunidad, que identifica las problemáticas ambientales, culturales y sociales de esa zona, y que luego se hace un trabajo con las comunidad, organismos públicos y la empresa contaminante. Y con ello, se elabora un anteproyecto con una serie de medidas”.
-¿Y si las empresas instaladas en esas zonas siguen contaminando?
-“Si hay un riesgo inminente a población se suspende el funcionamiento de la empresa o si vence su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el proyecto incurre en una falta gravísima. La SMA tiene la facultad de paralizar una empresa ya instalada. Ahora bien, las empresas que se allanan al cumplimiento normativo, y con mayores estándares, bienvenido sea para el desarrollo sustentable”.
El también abogado cuenta que se lanzó en julio el anteproyecto del Plan de Recuperación Ambiental-Social (PRAS) en Coronel, el que busca reducir controversias ambientales en la zona. En junio, fueron formalizados tres ejecutivos de la central Bocamina II, a raíz de la contaminación detectada durante 2012 en la costa de dicha comuna, reflejada por la varazón masiva de langostinos. El proyecto de Enel ha sido varias veces paralizada por la SMA.
“Obviamente, hay un conflicto allí, pero es posible llegar a espacios de acuerdo que permite generar baterías de medidas, no sólo ambientales, sino que también en materias sociales y culturales”, plantea la autoridad.
Planes de Descontaminación
En Santiago, desde el año 1989 se han implementado Planes de Descontaminación Ambiental (PDA). Gracias a esas medidas, Canals asegura que existe una reducción persistente y continúa de la concentración de material particulado, en un 60%.
“Estos planes, contemplan desde compra de gas natural, el mejoramiento al sistema de transporte público, etc. Toda la batería de medidas da cuenta de que esa curva es descendente. En regiones, hemos tenido disminuciones de hasta un 40% en episodios críticos en todas las ciudades más contaminadas, como Los Ángeles, Temuco, Rancagua, y otros”, comenta.
Sobre lo mismo, añade: “El nuevo PPDA de Santiago que vendrá incorpora decenas de kilómetros de ciclovías en algunas calles. También los otros PDA contemplan reforestación para captación de CO2, y además, de medidas más estructurales como restricción vehicular permanente, metas de emisión para fuentes fijas en industrias o bien la prohibición del uso de leña en el gran Santiago”.
Las exigencias para la instalación de una empresa irán en aumento, dado que el estándar será cada vez mayor. Los desafíos a futuro, en definitiva, se relacionan con la incorporación de criterios ambientales en planificación de territorios para el desarrollo económico del país, y con la participación vinculante de la ciudadanía.
“Tiene que haber más participación, y un fortalecimiento absoluto de educación ambiental, en términos transversales en los curriculum, en todo nivel educativo. Además de un cambio de paradigma en la conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, donde van aumentar áreas protegidas, y existirá un modelo de desarrollo sustentable”, concluye Canals.
