Hasta las 22 horas de ayer se prolongó el masivo y extenso allanamiento de la PDI a la Municipalidad de San Ramón, ordenado por la Fiscalía Metropolitana Sur que inició una investigación de oficio tras el reportaje de “Informe Especial” TVN sobre funcionarios municipales presuntamente ligados a narcotraficantes.
El allanamiento comenzó alrededor de las 17 horas, cuando llegaron 10 vehículos y unos 30 detectives de la PDI, encabezados por los fiscales Leonardo Zamora, especialista en crimen organizado y narcotráfico, y Víctor Núñez, experto en delitos funcionarios. Se incautaron documentos y computadores.
Los presuntos delitos que está investigando la Fiscalía Metropolitana Sur, a partir de lo revelado en el reportaje, son fraude al fisco, malversación de caudales públicos y nombramiento ilegal. El principal imputado sería el alcalde Miguel Ángel Aguilera, quien abandonó la municipalidad poco antes del operativo.
El allanamiento se ordenó en el marco de la ampliación de una investigación por narcotráfico de la fiscalía que se inició en 2016 a la llamada banda de “El Chino” de la población La Bandera en la que estaría involucrada Luis Barrera, cuñado del alcalde Aguilera y quien actualmente se desempeña como jefe de recintos deportivos de la municipalidad.
Otro de los indagados es Jorge Pinto, quien estuvo preso por narcotráfico, quedó libre en febrero y entró a trabajar a la municipalidad en marzo en el área de Jardines. Pinto nuevamente está detenido, al igual que Miguel Sánchez Yáñez, yerno de Pinto y quien estaba a cargo de la remodelación de la cancha municipal.
Otro de los sospechosos investigados es Francisco Olguín, supuesta mano derecha del alcalde, quien tiene antecedentes penales y quien fue mostrado en el reportaje paseando en un Mercedes Benz en la población La Bandera.
Al bordo de vehículo también iba Pedro Jaque, militante del Partido Socialista, quien tendría dos contratos: uno a honorarios y otro a plazo fijo. Trabaja en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de La Bandera y es sindicado como matón. Jaque y Olguín tienen otros familiares contratados en la municipalidad.
Ayer en la tarde, el alcalde Aguilera fue citado al tribunal supremo del Partido Socialista, del que es vicepresidente, y pidió que se congele su militancia hasta aclarar la denuncia. El tribunal supremo no sólo accedió a eso, sino que también recomendó a la directiva nacional que se querelle, lo que se concretará en las próximas horas.
Aguilera entregó la siguiente carta al tribunal supremo del PS: “En virtud del Reportaje de Informe Especial de Televisión Nacional de Chile, he decidido congelar mi militancia de más de 30 años, para demostrar mi honestidad y transparencia en cualquier hecho que haya sido involucrado injustamente y emprender las acciones jurídicas que correspondan”.
El presidente del PS, Álvaro Elizalde, expresó que “condenamos de manera enérgica los hechos denunciados; nos parece que son francamente inaceptables y creemos que es imprescindible su total esclarecimiento, determinando las responsabilidades criminales”.
Este caso también complicó al comando de Alejandro Guillier, debido a que Aguilera ayudó activamente en la recolección de firmas para la candidatura. El comando aclaró que el alcalde no es parte de ninguna unidad operativa.
El domingo, “Informe Especial” reveló que un grupo de funcionarios municipales de San Ramón se pasea por la población La Bandera en autos de lujo. Además, vinculó a estos funcionarios con el narcotráfico. Incluso, algunos habrían sido condenados por la justicia, pero reciben sueldos mensuales de la municipalidad.
