La Corte de Apelaciones de Santiago decretó la retención de los desahucios de 20 miembros de la policía uniformada, imputados por el Ministerio Público en el marco del denominado caso fraude en Carabineros, malversación que ya asciende a un monto de $25.772 millones.
En fallo unánime, la octava sala del tribunal de alzada revocó la resolución recurrida, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que había rechazado la retención.
“Es posible concluir la factibilidad de la medida cautelar impetrada en tanto recae en recursos que pertenecen a los imputados en contra de los que se requiere, pese a que su recepción pende del diligenciamiento de sus retiros, sobre montos ya establecidos por las razones expuestas propias de su configuración, y que, por lo mismo, constituyen ya fuente de recursos sobre los que pudiera ahora o a futuro efectuarse actos jurídicos tendientes a su disposició”, sostiene el fallo.
“Con la consecuencial y ya comentada merma patrimonial que debilita el cumplimiento de los fines resarcitorios y punitivos pecuniarios del procedimiento y que se pretenden asegurar, como objetivo último de la cautela requerida”, se agrega.
La resolución enfatiza que “a partir de cuya naturaleza instrumental, provisoria y, por tanto, sujeta al estado procesal de la causa, es posible decretarla en el ámbito y contexto preciso explicado, toda vez que al no tratarse de una instancia de ejecución, la discusión sobre la inembargabilidad del objeto de la medida se ve desplazada a la etapa futura pertinente, si así fuere el caso, según los resultados del procedimiento y la vigencia de la necesidad de que se trata”.
“(…) la cautela real deberá circunscribirse a los desahucios pendientes y en tramitación, de los encausados individualizados en la presentación del persecutor que ahora se resuelve, de acuerdo a los términos explicados y acotados a los montos específicos que sobre los mismos se han señalado sobre la base de lo informado por la Dirección Gestión de Personas, Departamento de Pensiones, de Carabineros de Chile”, concluye.
Los imputados corresponden al ex general Flavio Echeverría; el ex coronel Jaime Paz Meneses; el ex oficial José Manuel Valenzuela; el ex teniente coronel Héctor Nail; y el ex policía del Departamento de Finanzas, Rodrigo Orellana.
Además, de los ex carabineros Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Héctor Concha, Raúl Albayay, Javier González, Charles Villarroel, Juan Maldonado, Alejandro Ponce, Diego Valdés, Randy Maldonado, Fabián Cárdenas, Sergio González, Pedro Reyes, Juan Matus y Jaime Astudillo.