El abogado Rodrigo Román, uno de los de los defensores de los 11 comuneros mapuches acusados en el caso Luchsinger-Mackay, dijo que no le cabe duda de que el Tribunal Oral Penal de Temuco los absolverá el próximo martes, día en que se dará a conocer el veredicto.
En entrevista con CNN Chile, el abogado de la Defensoría del Pueblo declaró que “desde luego, no tenemos ninguna duda con todas las defensas de que vamos a tener un veredicto absolutorio respecto a los 11 acusados”.
“Estamos en presencia de una muerte horrorosa del matrimonio Luchsinger-Mackay, nadie puede decir algo distinto porque murieron carbonizados en el incendio, pero el Ministerio Público no fue capaz de aprobar siquiera la existencia del delito, porque hay deficiencias en la investigación”, agregó.
“Aquí se están despilfarrando millonarios recursos fiscales en una investigación de mala calidad, desprofesionalizada. Quedó al descubierto en este juicio que actualmente existen seis líneas investigativas respecto a la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay”, añadió.
Tras un mes y medio de juicio oral, este lunes se desarrollarán las réplicas de la fiscalía, querellantes y defensas a los alegatos de clausura de la semana pasada. El martes se entregará el veredicto en medio de gran expectación.
Los acusados son José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf LLaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Córdova Tránsito, la machi Francisca Linconao Huircapan y José Peralino Huinca.
La Fiscalía Regional de La Araucanía los acusó como autores del delito de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista, perpetrado el 4 de enero de 2013 en el fundo Lumahue de Vilcún, donde murieron Werner Luchsinger y su esposa Vivianne MacKay.
En el juicio, la fiscalía presentó un total de 58 personas como parte de su prueba testimonial y pericial, 21 pruebas documentales y 31 pruebas materiales. Para todos los acusados, pide una pena de presidio perpetuo clasificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio.
