Justicia

Condenan a conscripto que mató a escolta de ministro de Pinochet en 1974

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a Carlos Arturo Abatte Gago, como autor del delito de homicidio simple del suboficial de la Fuerza Aérea Hugo Octavio Huerta Salinas, cometido el 23 de enero de 1974, en la intersección de las avenidas Irarrázaval y Vicuña Mackenna, en la comuna de Ñuñoa.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Jessica González y Enrique Durán– ratificó la resolución que condenó a Abatte Gago, soldado conscripto del Ejército,a la fecha de los hechos, a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

En el fallo de primera instancia, el ministro Mario Carroza condenó a Abatte Gago por su responsabilidad en el homicidio de Huerta Salinas, quien se desempeñaba como escolta del entonces ministro de Obras Públicas, general Sergio Figueroa Gutiérrez.

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:

“Durante la vigencia del toque de queda imperante en esa época, el día 23 de enero de 1974 en horas de la madrugada la víctima Hugo Octavio Huerta Salinas, soldado 1° de la Fuerza Aérea de Chile, que se desempeñaba como escolta del entonces Ministro de Obras Públicas, General Sergio Figueroa Gutiérrez, volvía de cumplir sus funciones en un vehículo fiscal que se desplazaba por avenida Irarrázaval al poniente, y era conducido por el cabo 1° Luis Jorge Acevedo Aros”

“Antes de llegar a la intersección con la avenida Vicuña Mackenna, uno de los integrantes de una patrulla de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, integrada por un Cabo de Reserva y dos soldados, al no detenerse el vehículo, le dispara con su fusil SIG calibre 7,62, recibiendo el soldado Huerta Salinas el impacto en el cráneo siendo llevado por su compañero a la Posta Central, pero sus heridas finalmente le provocan la muerte”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $110.000.000 a familiares de la víctima.

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