La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 300 millones de pesos a los padres y hermanos de víctima que perdió la vida en el tsunami que afectó a la isla Juan Fernández, el 27 de febrero de 2010.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad por falta de servicio del Estado en la muerte de María Angélica Pérez Germain.
En dicho contexto, la sentencia apoyó el fallo de primera instancia, asegurando que la Oficina Nacional de Emergencia no emitió la alerta de tsunami, “siendo su obligación hacerlo tan pronto como fuere posible de acuerdo al Manual de Operaciones del CAT y el D.S. de 2002 que establece el Plan Nacional de Protección Civil”.
“En cuanto al SHOA (…) la falta de servicio consistió en no difundir la alarma de tsunami de forma clara, precisa y oportuna, toda vez que la reglamentación sobre la materia establece que ella debe difundirse por distintas vías de comunicaciones, una principal, y otra auxiliar (como Defensa Civil, Carabineros y Bomberos), que debe utilizarse cuando la red principal esté inoperativa, y que en el presente caso no se revisó la inactividad de la red principal, pudiendo en tal caso haber recurrido a las líneas auxiliares, lo que no aconteció”, señaló la la resolución.
En este sentido, el tribunal de alzada indicó que ” El Estado incurrió en culpa del momento que los servicios públicos actuaron deficientemente, o no emplearon la diligencia debida, causando el daño o perjuicio que se demanda”, indicó
