El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, confirmó que el caso de Daniela Vargas Vargas, quien falleció en 2015 en espera de un trasplante mientras se encontraba al cuidado del Servicio Nacional de Menores a través de un programa ambulatorio, será investigado por el equipo que encabeza.
Esto a raíz de una nota periodística que reveló que a la menor no se la habría incluido dentro de las listas de espera de los pacientes que aguardan un órgano, argumentando una “precariedad familiar, social y personal”, mientras se encontraba internada en el Hospital Clínico de la UC.
“En este caso particular, de Daniela, decidí priorizar la investigación en atención a los antecedentes que se han expuesto, algunos de los cuales han sido de público conocimiento en términos también de que existe una focalización prioritaria respecto de esclarecer si existe o no responsabilidad penal por parte de distintas personas que finalmente hayan redundado en su fallecimiento”, señaló Emilfork esta mañana en Puerto Montt al ser consultado por la prensa.
El persecutor dijo que “estamos precisamente en eso, enfocando fuertemente la investigación para potenciar el esclarecimiento de los hechos en este caso. Nosotros creemos que todos los casos merecen nuestra atención. En este momento tratándose de esta situación en particular, me parece que los antecedentes son lo suficientemente graves como para poder impulsarla de una manera mucho más potente y mucho más priorizada en este momento”.
Sobre los alcances que tendría la investigación en este caso, Emilfork indicó que como Fiscalía “no tenemos límites para investigar las responsabilidades y en cada caso en particular se tendrá que esclarecer si existen responsabilidades a nivel de Salud, a nivel de Sename, a nivel de determinadas personas o de organismos colaboradores. Cada caso tiene sus propias particularidades”.
Si bien no existían denuncias respecto de la muerte de Daniela Vargas, el Fiscal Regional de Los Lagos explicó que en el contexto del caso Sename se investigan los hechos de fallecimientos de niñas, niños y adolescentes ocurridos al interior de centros de ese organismo o de sus organismos colaboradores.
“Estamos hablando que enfrentamos una primera investigación con un número que era público de 185 casos y fue a nuestro requerimiento que se amplió a 1313. Más allá que estén o no incorporados en la resolución del Fiscal Nacional, yo como Fiscal Regional a cargo del caso Sename he ido incluyendo todos los demás casos también, en conjunto con la Fuerza de Tarea de la PDI”, remarcó.
