La agrupación Londres 38 interpuso una querella contra todos quienes resulten responsables del delito de sustracción y suspensión de documentos a raíz de la quema de archivos, microfilms y documentación que manejó la CNI entre los años 1980 y 1982, al interior del Ejército de Chile.
Esto, luego de conocerse una investigación interna al interior de la rama castrense en que se reconoce la destrucción de esta documentación que podría haber resultado clave para numerosos casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La querella fue presentada por los abogados de derechos humanos, Magdalena Garcés y Sebastián Velásquez, quienes junto a representantes de Londres 38 presentaron la acción judicial ante los tribunales.
“Bajo este aspecto, la información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de las acciones operativas realizadas esos años”, remarcó la agrupación.
Al respecto, se indicó que “la investigación sumaria viene a corroborar la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de información podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA)”.
Según Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales “para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”.
La acción judicial se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia llevada a cabo por el sitio de memoria, que busca relevar la necesidad de realizar todas las acciones que permitan establecer la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante el régimen militar.
