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Presidente de la ANEF y gobierno de Piñera: “Defenderemos a los trabajadores, pero también la función pública”

Días después de cumplir un año al mando de la ANEF, Fortín Mapocho conversó en exclusiva con Carlos Insuza, y con el abordó el actuar de la tradicional e importante organización sindical del sector público, así como sus nuevos desafíos y su posición frente al nuevo gobierno próximo a asumir en marzo:

¿Cómo evalúa este año de presidencia de la ANEF?

Acabamos de cumplir un año efectivamente al frente de la ANEF, y ha sido un proceso bien intenso, no solo hubo un recambio de la presidencia, de hecho este directorio esta hoy compuesto por muchos dirigentes que por primera vez llegan a esa instancia nacional, y ha sido también muy intenso, pues en el último año de gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que hemos buscado como organización es consolidar todos los procesos de negociación pendiente que teníamos con el gobierno, desde el mes de abril hemos desarrollado una intensa agenda con el gobierno para avanzar en distintas materias, algunas ya consolidadas, como la modificación de la Ley de susesiones, otras que se han ido implementando como los incentivos al retiro, y en lo que intentamos avanzar ahora es en modificar el estatuto administrativo para reducir los niveles de discrecionalidad que existen en el empleo público, particularmente en el caso de los trabajadores a contrata, y además queremos avanzar en el proceso de regularización de los trabajadores a honorarios, por lo que ha sido un periodo intenso de negociaciones, que no han sido fáciles, nunca lo son en realidad, pero esperamos consolidar los avances en la construcción de trabajo decente en el Estado, y aunque no logremos cerrar todos los temas, esperamos que el cambio de gobierno venidero sea en condiciones distintas, con mayores claridades para los trabajadores y un mejor marco legal.

¿Respecto al cambio en la dirección de la ANEF, hay un cambio de nombres, pero también generacional… ese cambio se ve reflejado también en una mirada más moderna de la actividad gremial o sindical en el Estado?

La ANEF es una organización muy madura, y sus ejes centrales están muy claros, no solo en la defensa de intereses gremiales sino también de recoger inquietudes sociales y hacer vocerías de temas relevantes para el país, que es capaz de interactuar con otros actores sociales, y también de vincular las demandas sindicales de los trabajadores del Estado, con las necesidades del país, por la vía de la construcción de más y mejor Estado, con trabajo decente. Dicho eso, cada directorio y cada ciclo tiene sus propios énfasis, este año hemos aprendido mucho, como colectivo, no es fácil dirigir una institución tan grande. Hemos querido imprimir un sello a la ANEF, que la proyecte para hacerse cargo de los desafíos que hoy percibimos, es evidente que , por el paso del tiempo y los incentivos al retiro, se ha producido un importante recambio generacional de los trabajadores del Estado, y eso nos desafía a interpretar e integrar a esas nuevas generaciones de trabajadores… hoy somos la principal confederecación de trabajadores del país y el Estado también ha cambiado, esos son los desafíos, pero con el mismo espíritu original del sindicalismo comprometido con la justicia social.

¿Como enfrenta hoy la ANEF la caricatura del empleo público como inamovible, y bien pagado, versus la otra caricatura, la del Estado como peor empleador, con discriminación, precariedad y discrecionalidad en desmedro de sus trabajadores?

El empleo en el Estado requiere de características especiales o particulares, porque estando sujeto a cambios de gobiernos, alcaldes o autoridades, y siendo el Estado un ente permanente que le responde a la ciudadanía, requiere ciertas condiciones de estabilidad que garanticen que la labor del Estado no se resienta en cada elección o cambio de autoridades, se requiere que las jefaturas de turno no tengan las facultades para hacer y deshacer a su amaño, se trata en el fondo de proteger al Estado de ser un botín. Cuando se despide un trabajador del Estado de manera arbitraria, se pierde su formación y capacitación, la experiencia de esos trabajadores que han garantizado el cumplimiento de las labores importantes del Estado, fiscalización, regulación, o el cumplimiento de derechos sociales de los ciudadanos, por tanto, todos los Estados del mundo han establecido regímenes de ingreso, desarrollo y salida de los trabajadores de su aparato estatal con ciertas particularidades. Esto es valido para todo el Estado, incluyendo a los municipios donde la realidad del uso del empleo publico como botín político es más dura.

No sirven ninguna de las dos caricaturas… todas las mediciones serias de la función publica dicen que tenemos un Estado pequeño y muy eficiente, el empleo publico en Chile no supera el 10% de la población activa del país, y la media del mundo es del 12%, la media de los países OCDE es de 16% y e muchos países de alto desarrollo humano es de más del 20%., y tenemos indicadores envidiados por muchos… en cuanto a indicadores de salud, de protección social, y de emergencias muy notables, además los mecanismos de medición del Estado son muy positivas, particularmente las evaluaciones que hacen los ciudadanos, incluso de los entes fiscalizadores. Pero es cierto que no todo está resuelto, tenemos muchos trabajadores sometidos a la arbitrariedad en la renovación de sus contratas, y también muchos trabajadores que viven la precariedad de contratos a honorarios.

ciertamente tenemos importantes niveles de estabilidad en el empleo publico, pero esta estabilidad se basa principalmente en la voluntad política de las administraciones de turno y la presencia del movimiento sindical de los trabajadores públicos.

En los últimos años hemos avanzado; antes se negaba el problema de los contratos a honorarios, hoy, y después 4 años de trabajo, hemos logrado la regularización de muchos trabajadores que pasaron a contrata, cerca de 14 mil ya lo han hecho, y se espera que el próximo año llegue a 8 mil más.

Hoy estamos estamos discutiendo con el gobierno modificaciones al estatuto administrativo que reduzcan los margenes de discrecionalidad, lo que es una materia indispensable para los trabajadores, con esos avances podremos abocarnos a una tarea trascendental, que es evitar que se desvincule el trabajo publico de la función pública.

¿Cómo evalúan el estatuto administrativo vigente, qué cambios necesita y cómo ven ustedes los “experimentos” de trabajadores del Estado regidos por el Código del Trabajo conviviendo con el estatuto administrativo y otras normas de carácter público?

La fragmentación del empleo público ha generando dificultades y múltiples particularidades. La experiencia de los servicios regidos por el código del trabajo es reciente y por tanto debe evaluarse, pero evidentemente tiene complejidades en cuanto al ingreso objetivo de los trabajadores, así como también en su desarrollo, donde no hay un marco legal claro y concordantemente el estatuto administrativo necesita adecuaciones. Hay experiencias interesantes como el SII que ha avanzado notablemente en una consolidación de un marco normativo eficiente y estable. Pero también es cierto que necesitamos un nuevo pacto social y una nueva manera de definir el Estado y su función, un nuevo modelo de empleo público basado en un trabajo decente, con mecanismos de ingreso, desarrollo, y salida, transparentes y justos. Nosotros entendemos que las administraciones requieren personal de confianza, pero queremos que eso se regule, se legisle… pero ningún gobierno esta dispuesto a avanzar en esa materia, porque eso implica acotar el botín.

Estamos conscientes de que estos avances se consolidan a partir de la experiencia, no desde la teoría, y aspiramos a que el Servicio Civil cumpla el rol a que está llamado, y al que sus actuales atribuciones apuntan, pues sería un enorme respaldo en este proceso.

¿Cómo ven la sindicalización universal en el sector público, incluyendo así a las FFAA y de orden?

El debate que hemos tenido a propósito de la reforma laboral, en cuanto a la importancia de la sindicalización es muy interesante, particularmente en el sentido de que la legislación sea un motor que favorezca el proceso de sindicalización y la construcción de un país más justo, por cuanto es impensable que se puedan corregir los niveles de desigualdad de nuestro país, solo con los mecanismos redistributivos y en esa lógica vemos avances, en el ámbito público hemos avanzado también en ´la organización de trabajadores que laboran indirectamente en las FFAA, del hospital militar por ejemplo u otras instituciones de salud de las FFAA, lo que es muy novedoso para la ANEF, porque hemos ido aprendiendo como apoyar a esos trabajadores en sus demandas y necesidades, nuevas para nosotros, pero también es novedoso para las autoridades de esos servicios que son militares en servicio activo, y ese tipo de experiencias van abriendo caminos y resolviendo las miradas conservadoras que limitan la organización de ciertos trabajadores pues esto podría poner en riesgo el ejercicio de su función y hasta la seguridad del país, esa es una mirada añeja que debe ser superada. Esta es una discusión que ha ido madurando a través de muchos años, pero que puede acelerar sus avances en algún momento como lo han hecho otras temáticas en nuestra sociedad, estamos en la fase de abrir experiencias que debieran desencadenar la resolución de este tema en favor de los derechos de las personas.

¿La ANEF ha intervenido en la discusión pública sobre las facultades del SERNAC, más allá de reivindicaciones sindicales, hablando de la función pública y la labor del Estado, es un nuevo sello de la organización?

En la ANEF desde hace años estamos desarrollando una mirada más integral de la función del Estado, es evidente que somos una organización de trabajadores, y nuestra primera tarea es de representación sindical y de defensa de derechos de nuestros trabajadores, pero hemos entendido también que los trabajadores públicos debemos ser capaces de interpretar las demandas de la ciudadanía en cuanto al rol del Estado. En los últimos años se levantan demandas ciudadanas por el derecho a la educación, a una pensión digna, respecto al abuso de los consumidores, conflictos medio ambientales o de desarrollo, y nos hemos planteado cual es nuestro rol en esas demandas ciudadanas, y hemos entendido que nuestro rol es exponer y proponer el fortalecimiento de la función pública para dar cuenta y acoger esas demandas ciudadanas. Creemos indispensable entender que requerimos un Estado suficiente para dar cuenta de las demandas de mayor justicia social de nuestra ciudadanía. Por eso levantamos la voz en la reforma al SERNAC, como lo hicimos también en la reforma tributaria, o el fortalecimiento de las facultades de SERNAPESCA para intentar corregir el desastre de la Ley Longueira y proponemos en este ámbito también la creación de una empresa nacional del litio, para que ese importante recurso estratégico sea controlado por el Estado y no por una empresa corrupta, por tanto, si, hemos ido ampliando la mirada en cuanto a nuestro rol, y en particular en el caso del SERNAC, vemos con preocupación como el Tribunal Constitucional, incluso más allá de las facultades que la propia carta fundamental le entrega, se erige como garante de las miradas más conservadoras y empresariales del país en contra de los intereses generales del país y sus ciudadanos. En ese contexto estamos organizándonos para hacer frente a la escalada populista del nuevo gobierno en el sentido de que el despido masivo de trabajadores del Estado serviría para financiar gasto social, lo que es completamente falso y solo es excusa para privatizar función público, generando artificialmente crisis en los servicios públicos para privatizar esas funciones, y por tanto, defenderemos la función publica para no perder los avances que hemos logrado.

Cómo enfrentará la ANEF eventuales despidos masivos del próximo gobierno, pues hay fundadas sospechas de que ese proceso se repita, al igual que en 2009

Durante la campaña la derecha tuvo una ofensiva de amenazas a los trabajadores públicos, y la ANEF respondió ante esas amenazas, anunciando la defensa de los derechos de los trabajadores públicos y también apremiando a la actual administración a avanzar con mayor celeridad en las modificaciones legales que limitaran los margenes de discrecionalidad. En la segunda vuelta el tema desapareció de la campaña de Piñera, por razones electorales, pero luego de la elección volvió esa ofensiva, lo que constituye primero una forma nefasta de hacer política, uno esperaría una política honesta y no tan oportunista como esa campaña.

Aspiramos a lograr modificaciones al estatuto administrativo que restrinjan las facultades arbitrarias, y que las decisiones sean de acuerdo a la función publica y no a razones personales o políticas

En el anterior gobierno de Piñera se desvinculó a 11 mil trabajadores en su primer año, y no por una reducción del Estado, sino para reemplazarlos por trabajadores de su confianza, y en ese contexto la ANEF está preparándose para ser garante de los derechos de los trabajadores públicos, así como  de la función publica también, y para ello recurriremos a todos los recursos legales y sindicales, por supuesto que privilegiaremos como siempre el dialogo, pero siempre desde la convicción y la defensa de derechos.

 

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