Derechos Humanos

Contraloría aprobó reglamentos de la Ley sobre Inclusión Laboral

La Contraloría aprobó los reglamentos para el funcionamiento de la Ley 21.015 sobre Inclusión Laboral para personas con discapacidad, los que fueron publicados hoy en el Diario Oficial.

“Esta ley genera normativa que protege a las personas en situación de discapacidad, las habilita laboralmente, contribuye con su autoestima, su autovalencia, su dignidad, pero que también tiene un impacto cultural potente, porque nos permite pasar de una política pública que por mucho tiempo tuvo solo una lógica asistencial a una política pública con enfoque de derecho”, explicó el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

“Un buen sistema de protección social es el que proporciona subsidio, prestaciones, pero que también habilita socialmente a la persona para que genere sus propios ingresos”, precisó.

En la creación de la Ley de Inclusión Laboral trabajaron en conjunto los ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo, junto al Servicio Nacional de la Discapacidad, con el fin de asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad.

La normativa, promulgada en junio de 2017, establece que las empresas e instituciones públicas con 100 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad.

La ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2018 y será evaluada al tercer año, para así medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1 %.

Posteriormente, será obligación permanente de los ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluar la ley cada 4 años, considerando la naturaleza cambiante del mercado laboral, y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Ambos ministerios deberán emitir un informe al Congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deben acogerse a la norma.

La normativa, además, suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.

Actualmente en el sector privado hay más de 7.600 empresas que tienen 100 o más trabajadores, por lo que se deberían habilitar proporcionalmente más de 25.000 cupos laborales para personas con discapacidad. En el sector público, en tanto, hay 158 instituciones (sin contemplar municipalidades ni personal administrativo de Fuerzas Armadas), las cuales deberían habilitar alrededor de 2.500 nuevos puestos de trabajo para este grupo de la población.

De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las personas de 18 años o más del país está en situación de discapacidad; es decir, más de dos millones seiscientas mil personas, de las cuales sólo el 39,3% tiene empleo.

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