De acuerdo con una publicación de El Dínamo.cl, hasta más de $10.000.000 de sueldo bruto puede ganar un rector de las universidades del Estado, organismos que han estado en la palestra por la ley que fortalece a estos planteles.
Cabe indicar que la Cámara de Diputados despachó la normativa a fines de febrero, iniciativa que -entre otras disposiciones-, establece un Plan de Fortalecimiento de 300 mil millones de pesos a diez años y estipula la posibilidad de aumento de matrícula para estas instituciones por sobre los límites definidos por la política de gratuidad.
Según este medio, el total mensual que reciben los rectores de estas universidades alcanza los $124.315.028 dividido (no proporcionalmente) en los 16 planteles estatales. Los recursos provienen del arancel que los estudiantes cancelan de forma mensual por sus carreras y recursos estatales.
Los sueldos de los rectores lo lideran Álvaro Rojas, de la Universidad de Talca, cuya última remuneración fue de $11.435.725. A él le siguen Ennio Vivaldi y Juan Manuel Zolezzi, de las universidades de Chile y de Santiago, con $10.305.652 y $10.244.158, respectivamente.
En el otro extremo están una universidad docente y dos instituciones regionales: la autoridad de la UMCE, Jaime Espinoza, reportó un sueldo bruto de $6.059.952; Oscar Garrido, de la U. de Los Lagos, por $5.989.794; y el de la U. de Magallanes, Juan Oyarzo, quien recibió $5.018.277.
Imagen: Gentileza de ElDínamo.cl.
Recursos estatales
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló en septiembre de 2017 que Chile es el único país del grupo en donde la educación superior pública es más cara que los aranceles que se deben pagar en establecimientos privados.
En el informe “Education at a Glance 2017″, se indica que las universidades públicas tienen, en promedio, aranceles de US$7.654 anuales ($4.883.252), mientras que en las universidades privadas alcanzan los US$7.156 al año ($4.565.528). Esto no considera los aportes estatales que, además, reciben las instituciones del Estado. De esos fondos, el Aporte Fiscal Directo (AFD) es el más instrumento más importante de financiamiento basal que el Estado destina a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh), el que está formado por instituciones públicas y un grupo de privadas, estas últimas conocidas como el G9.
Este dinero consiste en un subsidio de libre disponibilidad, asignado en un 95% conforme a criterios históricos, y el 5% restante de acuerdo con indicadores de desempeño anuales relacionados con la matrícula estudiantil, el número de académicos con postgrado y el número de proyectos y publicaciones de investigación de excelencia. Para el año 2017, la Contraloría General de la República ya visó el Decreto 3 del 12 de Enero de 2017, que otorga el 95% de los fondos.
Según los datos revisados por El Dínamo, por concepto de ADF (95%) y el Financiamiento Institucional de Educación Superior Regional -dinero también entregado por el Estado-, estos planteles, que concentra el 15% de la matrícula, recibieron un subsidio de $137.152.920.000, por debajo de los $109.511.198.000 que reciben los planteles privados del CRUCh, grupo conocido como el G9, tanto por AFD (95%), Financiamiento Institucional de Educación Superior Regional y Fondo Basal por Desempeño.