El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, sugirió la intervención de la Contraloría para esclarecer los gastos que aún mantiene Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores, de acuerdo a lo revelado recientemente en medios de prensa.
El titular del CPLT criticó los millonarios montos que ha destinado la institución policial para este tipo de gastos, haciendo también un llamado a elevar los estándares éticos de este y otros organismos del Estado.
“Hay que diferenciar seguridad de privilegios. Hay gastos personales que difícilmente pueden tener un fundamento en materia de seguridad. Esta es una norma anacrónica, que hoy no se justifica y que debemos revisar profundamente. Tenemos que fomentar un escrutinio sobre las autoridades para facilitar la rendición de cuentas de todos quienes tenemos un cargo público”, sentenció Drago, detallando que cualquier acción que implique el desembolso de recursos del Estado, debe ser razonada más allá de lo normativo.
“Las decisiones deben tener un fundamento y servir al interés público. Si no se pueden respaldar, se cae en la arbitrariedad y en los privilegios sin justificación. Aunque los gastos sean legales, tenemos que cuidar los recursos del Estado”, agregó Drago.
Por otra parte, el titular del CPLT desmintió que el decreto N° 15 –dictado en 1998- por la entonces Subsecretaría de Guerra y que ha sido citado como facultativo para justificar los gastos en Carabineros sea “reservado”.
En concreto, el citado decreto establece que “se faculta al General Director para proporcionar, con cargo a sus propios recursos institucionales, los medios humanos, materiales y logísticos necesarios para la debida protección y seguridad de quienes hayan ejercido el Mando Superior de Carabineros”.
Según resaltan desde el Consejo, este decreto permitiría también la asignación de un dispositivo de seguridad permanente para ex autoridades policiales.
Junto con desmentir este eventual carácter de “reservado” de la normativa, Drago llamó a que la ciudadanía se empodere y utilice su derecho de acceso a la información.
“A partir de este caso esperamos que surjan más solicitudes de información en torno a esta u otras situaciones y que en definitiva hablan de gastos o privilegios fuera de contexto (…) formas de fiscalizar esto existen y el secreto en materia de información pública ya no pueden establecerse unilateralmente por la autoridad, tienen que estar justificados en algunas de las causales que establece la constitución. A su vez, nuestro sistema establece la existencia del Consejo para la Transparencia, una institución autónoma que resuelve y fiscaliza el acceso a la información”, señaló Drago.
