Justicia

Fiscalía indaga a exfuncionario municipal de Maipú por fraude de $500 millones

La Municipalidad de Maipú se querelló contra el ex director del Servicio Municipal de agua potable y alcantarillado de la comuna, Juan Alvarado, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y cohecho, delitos que significaron una pérdida de $500 millones para las arcas municipales.

La acción legal fue acogida por el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a supuestas irregularidades en un contrato suscrito entre el municipio y la Empresa Constructora “Pérez y Gómez Limitada” (Copergo).

Según detalla la querella, durante 2016 la compañía (representada legalmente por Nicolás Pérez, quien también fue denunciado por la administración comunal) acordó realizar la reposición de las redes de agua potable y alcantarillado de Maipú, trabajos que contemplaban un presupuesto de $998 millones.

No obstante, antes de iniciar las obras, la empresa habría sido contactada por Alvarado, con quien acordaron llevar a cabo el refuerzo de la red de agua potable, trabajos que demandan un costo mucho menor al acordado en el contrato suscrito con el municipio.

“Nosotros hemos hecho un levantamiento (de información) hace mucho tiempo, respecto de ciertas circunstancias anómalas que han ocurrido en la administración anterior. Este en particular dice relación con que se recibían peticiones de carácter verbal para modificaciones de ciertos contratos, los cuales estaban decretados con anterioridad en las bases. Y eso en cuanto al derecho administrativo no se puede (hacer)”, explicó el director jurídico del municipio, Carlos Fairlie.

El jurista agregó que “eso vulnera gravemente un principio básico que es el de probidad administrativa y todo lo que tiene que ver con reglamentos, leyes orgánicas y otros, así que tuvimos que presentar esta querella para dejar constancia al Ministerio Público de que se habían vulnerado sistemas de carácter administrativo, los cuales habían decantado en un perjuicio para las sanitarias y en particular para el municipio”.

Fairlie añadió que con la querella se busca establecer responsabilidades desde el punto de vista del funcionario y también de la empresa.

“Siempre tiene que primar la estricta sujeción que establece el derecho administrativo de las bases contratadas. No se puede, y eso es lo que queremos buscar como estándar, verbalmente hacer un acuerdo entre un funcionario público y una empresa para efecto de cambiar el objeto de un tipo de contrato”, subrayó el abogado, quien solicitó que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realice diligencias y que la fiscalía cite a declarar a todos los funcionarios municipales y de la empresa involucrados en los trabajos.

  


  


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