Justicia

Fiscalía Nacional Económica denuncia a ANFP por cobrar para subir a Primera B

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando que se elimine la cuota que deben pagar los equipos de Segunda División cuando ascienden a Primera B.

La FNE acusa que esa cuota, que entre 2011 y 2017 ascendía a 50 mil UF y que hoy es de 24 mil UF, “impide, restringe y entorpece la libre competencia en el mercado o, al menos, tiende a producir dichos efectos, al constituir una barrera artificial al ingreso de nuevos competidores y afectar seriamente la capacidad competitiva de los clubes entrantes, en detrimento de la intensidad competitiva en el mercado y, finalmente, de la calidad del producto ofrecido a los consumidores”.

La investigación de la FNE se inició el 15 de diciembre de 2016, tras recibir cuatro denuncias relacionadas con la cuota de incorporación exigida a Deportes Valdivia para su ascenso a Primera B durante ese año.

En su indagatoria, la fiscalía logró determinar que, considerando sus ingresos y patrimonio, y el difícil acceso al crédito de los clubes de Segunda División, la cuota constituye una verdadera barrera a la entrada al mercado de los espectáculos deportivos generados en base al torneo de Primera B.

En efecto, según la FNE, resulta altamente probable que muchos de estos clubes no sean capaces de financiar la cuota de incorporación y que, por lo tanto, no puedan participar en el campeonato de Primera B al que les correspondería haber accedido gracias a sus méritos deportivos.

Asimismo, la FNE plantea que la exigencia de la cuota afecta la capacidad competitiva del club que asciende a Primera B, porque lo obliga a comprometer sus ingresos futuros por un periodo de tiempo considerable, impidiéndole invertir en el plantel en condiciones similares al resto de los clubes de la categoría.

De acuerdo al requerimiento, este compromiso económico con la ANFP haría que el club desatienda temas como salarios de jugadores y cuerpo técnico, infraestructura, mejores condiciones de hotelería, traslado y divisiones inferiores.

Por todo lo anterior, la Fiscalía solicitó al TDLC que ordene a la ANFP el cese de la conducta imputada y le imponga una multa a beneficio fiscal de 5.000 UTA, equivalente aproximadamente a US$ 4,7 millones.

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