La senadora Isabel Allende y los senadores de la Bancada PS presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República con el objeto de que se pronuncie respecto a que los prestadores privados de salud que reciban recursos públicos no puedan acogerse a la objeción de conciencia institucional respecto al aborto en tres causales.
“La modificación del protocolo por el gobierno de Piñera fue una vulneración para los derechos y la dignidad de las mujeres, teniendo presente que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por tres causales costó muchísimo sacarla adelante”, señaló Allende.
El requerimiento tiene como fundamento el DFL N°36 de 1980, que regula los convenios del servicio de salud con prestadores privados.
Dicha normativa establece que los organismos, entidades o personas que celebren convenios con los servicios públicos formarán parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud, resultándoles -por ello- aplicables todas las normas, planes y programas de los establecimientos públicos.
Por ello, sostiene el escrito, la norma que rige la objeción de conciencia se debe aplicar -de la misma manera- a dichos establecimientos privados.
“No puede ser que el gobierno haya modificado el protocolo, habiendo un decreto del año 80 que dice que todos los establecimientos privados que reciben fondos públicos se tienen que allanar a las normas, planes y programas que rigen el sistema público de salud. Por lo cual, estas instituciones no tienen ningún derecho para invocar objeción de conciencia institucional y evitar la prestación de un servicio”, argumentó la senadora.
