Política

“Proselitismo Político” de Chile Vamos, con recursos y profesionales pagados por todos los chilenos

Una nueva etapa en esta historia se abrió este viernes cuando los parlamentarios de Chile Vamos Javier Macaya, Leopoldo Pérez y Luciano Cruz-Coke anunciaron una falta de probidad en el escrito que habían presentado los parlamentarios de oposición por la designación de Pablo Piñera.

Señalaron que tanto en esta presentación como en la de Alejandro Guillier cuestionando la instauración de los grupos de trabajo por los acuerdos nacionales, existía inhabilidad de los abogados patrocinantes, William García Machmar, quien fuera jefe de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, y Gabriel Osorio Vargas, asesor de esta división entre 2015 y 2018. En concreto, apelaron al inciso segundo del artículo 62 de la ley orgánica del CDE, que contiene una prohibición de carácter general a los abogados que hubieren prestado servicios en el Estado para actuar en juicio contra el Fisco u otro servicio público, por el plazo de un año.

En respuesta, Osorio aseveró al diario La Tercera que: “los diputados están malinterpretando la norma porque tal inhabilidad rige solamente para litigios de carácter patrimonial, como lo han demostrado distintas resoluciones de la Contraloría. Hay un desconocimiento de los parlamentarios del derecho administrativo y sus alcances”.

Documentos Realizado con computadores y profesionales de la SEGPRES.

Un hecho grave dejo al descubierto al gobierno, porque en las propiedades de los documentos presentados por los legisladores de Chile Vamos figuraba como autor del texto Raimundo Monge, ingeniero que es jefe de la División de Coordinación Interministerial, que trabaja en la actual Segpres y que, por defecto, aparece en todos los archivos elaborados en esta repartición. Es decir, la planilla original para elaborar esta presentación, que busca frenar el requerimiento presentado a la Contraloría por el nombramiento de Pablo Piñera, se elaboró en La Moneda. Y los metadatos del documento muestran que la última modificación al texto la realizó José Tomás Ruiz-Tagle, quien es asesor en políticas públicas del gabinete presidencial.

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