Denuncia

Puente Cau Cau: La artimaña del Gobierno para pagarle a la constructora


La última semana de Abril el ministro de Obras Públicas de Chile Vamos, Juan Andrés Fontaine, anunció que el Puente Cau Cau será habilitado de manera provisoria en los próximos 120 días.

Fontaine indicó estar consciente que la solución no es la definitiva y que la apertura estará limitada sólo a vehículos livianos y en horario restringido, de acuerdo a las recomendaciones de la Dirección de Viabilidad del MOP.

Esta nueva forma de actuar del Ministerio de Obras Públicas no sólo es imprudente para la seguridad de nuestros compatriotas en el sur, además no considera las aristas legales (civiles y penales) que persiguen las responsabilidades últimas de este fallido sueño valdiviano, diseñado por el MOP y construido por la  empresa española Azvi.(recuerde este nombre)

La “habilitación de manera provisoria” del Puente Cau Cau, presupone una derrota judicial del Estado, en lo que respecta a la demanda civil por incumplimiento de contrato que en 2015 presentó Azvi, la empresa constructora, en la cual exige al Estado el pago de $890 millones por obras ejecutadas y otros cuatro ítems de obras por un valor de $5.388 millones. Lo anterior, se sustenta en los criterios de la Contraloría General de la República, que establece en sus dictámenes, que al “entregar las obras al uso público, opera la recepción tácita de las mismas, eximiendo, de responsabilidad al contratista por retrasos y conforme a lo anterior, se debe efectuar una liquidación del contrato y pagar a la empresa las obras efectivamente entregadas al uso de la comunidad, pues lo contrario produce un enriquecimiento sin causa a favor del Estado

Según consigna una entrevista en El Mostrador, sin contar las disputas legales, para la administración anterior, el uso parcial del puente nunca fue una opción, principalmente por las fallas que el propio Ministerio, y particularmente su Dirección de Vialidad, identificó como graves e irreparables.

Conflicto de Intereses

Fuentes del Diario electrónico El Mostrador, sostienen que esta “recomendación” de Vialidad fue más bien una “respuesta” ante preguntas concretas que hizo el MOP. Esa respuesta fue “solamente vehículos livianos” frente a determinadas circunstancias que permitirían el uso provisorio del puente. Agregaron que, antes de la validación técnica de la Dirección de Vialidad, el MOP habría analizado el tema con el Ministerio del Interior. En dicha cartera, la jefa de la División Jurídica es Ximena Risco y el asesor externo para casos de alta connotación pública es Luis Hermosilla, ambos, hasta marzo, abogados de Azvi en el frente penal.

Según fuentes cercanas al mencionado ministerio, hubo un momento clave que gatilló este cambio de enfoque en Obras Públicas. Ocurrió el 13 de marzo, dos días después del cambio de mando, cuando el diario La Tercera publicó las conclusiones del perito Álvaro Peña, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien calificó al puente como “irreparable”.

Hasta ahora, en el Ministerio del Interior desmienten categóricamente haber tenido alguna relación de cualquier índole con el tema del puente Cau Cau ni menos estar “encima” de las decisiones de Obras Públicas.

“En enero de 2014, cuando se esperaba la marcha blanca- se anunció que el puente había sido instalado al revés. Los profesionales que estaban al mando ni siquiera tenían los títulos universitarios para estar ahí, e incluso se cuestionó el dinero invertido”

  


  


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