La bancada de diputados del Partido Socialista redactó, junto a sus abogados asesores, un informe preliminar en derecho que desestima la pertinencia de la acusación constitucional impulsada por el Frente Amplio contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, tras el fallido protocolo de objeción de conciencia por aborto en tres causales.
Según consigna hoy El Mercurio, con este informe del PS la iniciativa del FA podría fracasar al no contar con el apoyo necesario para sustentarla ante las dos cámaras.
Uno de los reclamos del PS, más allá de los cuestionamientos de fondo, apunta a que el FA no les había entregado -hasta anoche- sus fundamentos para hacer la acusación.
Además , el diputado Leonardo Soto se quejó por emplazamientos del Frente Amplio por la prensa y por intentar dividir a la oposición, más que buscar responsabilidades políticas de Santelices.
El Mercurio publica que el informe del PS desestima la presentación del libelo mediante dos apreciaciones: la jurídica y la política.
En la primera, plantea en su punto 7, denominado “déficit”, que “se requiere un nivel de precisión de los actos u omisiones imputables directamente al ministro, a fin de precisar el núcleo de la imputación, no se debe perder de vista que se trata de una acusación que debe satisfacer estándares de congruencia a objeto de garantizar un debido proceso”, señala el texto.
El documento añade que, “por una parte, de manera extraoficial se menciona el affaire protocolos en materia de aborto en tres causales, que fue un asunto que los propios parlamentarios pusieron a consideración de la Contraloría con el dictamen que se ha conocido recientemente. Este punto puede ser un argumento de la defensa, se trataba de una discordancia interpretativa que fue resuelta institucionalmente. El dictamen coincide con la interpretación auténtica de la ley de aborto en tres causales”.
Sobre el aspecto político, advierte que “más allá de lo jurídico, en términos políticos, en todo lo anterior no se debe perder de vista la plausibilidad de contar con votos suficientes para poder aprobar la acusación. La pregunta que subsiste es si se trata de la última herramienta, existiendo en trámite una ley interpretativa (aprobada en comisión anoche), y lo ordenado por el dictamen es que estas materias deben ser reguladas por reglamento”.
Entre los diputados socialistas existe el convencimiento de que ahora no es oportuno hacer el requerimiento, sobre todo porque existen otras salidas institucionales. “No resulta del todo claro que haya conductas directas del ministro que violen de hecho la ley, sino más bien son puntos de interpretación jurídica”, expresó Soto.
El informe concluye que no debería proceder la acusación “a menos que se pruebe que a sabiendas de la ilegalidad de su acto” el ministro incurrió en el acto, argumentando que para ello se debe “suponer dolo” en su accionar.
Por otro lado el jefe de la bancada de diputados de la DC, Matías Walker, señaló en relación a la posible acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, que “esta acción no ha sido promovida por la bancada de diputados de la Democracia Cristiana; no hemos sido invitados, ni convocados por los requirentes a discutir su mérito”.
Agregó que “a nosotros, mayoritariamente, en principio y como bancada, nos parece que no hay merito ni jurídico ni político para una acusación constitucional de esta naturaleza, más bien entendemos que un ministro de salud, a dos meses de haber asumido el cargo, más que estar preocupado de su defensa en una eventual acusación constitucional, tiene que estar ocupado de los grandes temas de salud que le interesan a la población, especialmente, al 80% de los chilenos que se atiende en el sistema público de salud.”
“Estamos hablando de las listas de espera, la falta de especialistas, del cronograma de inversiones de infraestructura de salud de hospitales y Cesfam, de contar con una ley general de cáncer, como lo hemos propuesto como partido, con detener la alarmante cifra de contagios de VIH que tenemos en este momento en nuestro país, especialmente, en los adolescentes y en las mujeres, y con el protocolo declarado ilegal por la Contraloría.”
Finalmente, Walker señaló que “lo que tiene que hacer es dictar un reglamento que pueda aplicar la ley en consistencia con lo que determinó la Contraloría. En lo que atañe a los diputados de la Democracia Cristiana, vamos a seguir disponibles para solucionar los grandes temas que hoy día demanda la ciudadanía”.
