Justicia

Investigan a ex obispo castrense en arista del fraude al fisco en Carabineros

El ex obispo de Antofagasta y ex obispo castrense, Pablo Lizama, comenzó a ser investigado por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en una arista del fraude en Carabineros.

Según informa hoy La Tercera, la investigación a Lizama se basa en un informe de la Contraloría sobre pagos improcedentes por la suma de $196 millones por concepto de reliquidación de pensiones de retiro y de montepíos.

El equipo del fiscal Campos vio que el informe consigna a más de 300 personas que reciben dobles pensiones. De dicho total, se tomó una muestra de 10 beneficiarios y se determinó que estos obtienen jubilación al mismo tiempo de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

De acuerdo a la publicación, entre las personas que se identificaron en este listado figura Pablo Lizama Riquelme, ex obispo castrense (entre 1994 y 2004) y ex obispo de Antofagasta (entre 2004 y 2016).

Según los antecedentes que Contraloría anexó al informe de auditoría, Lizama obtiene una pensión como coronel de Carabineros por $ 1,9 millones, y como general de brigada del Ejército por $ 2,2 millones. Además recibe una jubilación como profesor en Carabineros por $ 486 mil. En total, percibe $ 4,9 millones mensuales.

Con estos antecedentes, agrega La Tercera, la semana pasada la fiscalía citó como testigo al sacerdote Lizama para que declarara en el caso. Sin embargo, el Ministerio Público decidió llamarlo nuevamente para esta semana, pero ahora en calidad de imputado, para que así pueda concurrir en compañía de un abogado defensor.
El diputado PS, y quien presidió la comisión investigadora de las pensiones en Capredena, Leonardo Soto, manifestó al diario que “hay un error gravísimo en el cálculo de estas pensiones del arzobispo emérito, lo que generó que recibiera dos pensiones por los años de servicio”.

“La fiscalía y la Contraloría deberán investigar a fondo si hubo negligencias o si hubo dolo en esto. Pediremos en la Cámara al ente contralor que haga una revisión completa, y que no solo se haga una muestra para saber qué más hay detrás de esto”, añadió.

La Tercera se contactó con un teléfono asociado a Lizama, sin embargo, la persona que contestó se identificó como cercana al ex obispo, quien manifestó que le preguntaría al sacerdote si estaba dispuesto a entregar una versión sobre los hechos expuestos por Contraloría y que hoy son materia de investigación de la fiscalía. Hasta el cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.

La muestra de 10 personas que reciben dobles pensiones por Dipreca y Capredena llamó la atención de los investigadores del fraude, dado que si se revisaba caso a caso esta lista podría crecer. Es por ello que el fiscal Eugenio Campos ya ofició a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para recolectar más información.

Lo que investiga el Ministerio Público es que hay personas a las que se les sumaron los años de servicio en las dos cajas, pagándose dos veces. Esto, según la tesis de la fiscalía, no corresponde, pues deben sumarse los años, sacar un total, y pagar solo una jubilación.

Además de Lizama, la fiscalía también citó a declarar un general (R) de la Fuerza Aérea que recibe pensión de Dipreca y Capredena, como general en esta última y en su calidad de profesor en la caja previsional de Carabineros.

Consultado el subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, indicó que “vamos a entregar todos los antecedentes y ya hemos sido prácticos en esto, tras el convenio que firmamos con Contraloría. Sobre el oficio, lo recibimos y estamos recabando los antecedentes, que son bastante antiguos, pero apenas los tengamos se los enviaremos al fiscal”.

Para la abogada interviniente en el caso del fraude en Carabineros -y que representa a cuatro imputados-, Bárbara Salinas, le “parece muy relevante y necesario que la investigación se amplíe a esta arista y cualquier otra arista nueva que surja”.

“Los delitos conocidos hasta ahora han afectado gravemente a la institución, dañando su imagen y confianza frente a la ciudadanía y, de paso, afecta directamente el trabajo de decenas de miles de carabineros que cumplen con su deber día a día”, añadió la abogada a La Tercera.

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