La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano reabrió la investigación canónica que intenta dilucidar la presunta participación directa del sacerdote John O’Reilly en casos de delitos sexuales.
La indagación, comandada por el vicario judicial de Chile, Jaime Ortiz de Lazcano, recibió nuevos testimonios de la familia que denunció los abusos sexuales vinculados al religioso. Estos últimos antecedentes serán enviados a Roma con el fin de que se inicie el juicio canónico contra de O’Reilly.
El sacerdote, quien se encuentra con libertad vigilada, fue acusado ante la justicia civil en 2012 y condenado dos años más tarde, pero nunca por la eclesiástica, que abrió proceso en 2016, pero que “al parecer” se había cerrado.
De origen irlandés, O’Reilly llegó a Chile en 1984. Líder de los Legionarios de Cristo, capellán y director espiritual del prestigioso Colegio Cumbres, perteneciente a dicha orden y ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago.
Acusado en julio de 2012 de abusar sexualmente de dos niñas, que eran hermanas y alumnas del mencionado establecimiento. Los presuntos abusos en contra de la hermana mayor se habrían cometido entre 2007 y 2009, y habrían comenzado cuando ésta contaba con 8 años. En el caso de su hermana menor, O’Reilly habría abusado de ella entre 2010 y 2012 desde que tenía 4 años.
El abuso de la hermana menor salió a la luz pública cuando la madre de las niñas presentó una denuncia ante los directivos del colegio. O’Reilly fue suspendido de todas sus funciones y puesto bajo arresto domiciliario en septiembre de 2013 mientras se llevaba a cabo la investigación.
Declarado culpable en octubre de 2014 de abusos sexuales reiterados contra la menor de las hermanas en el Colegio Cumbres, los cuales se iniciaron en marzo de 2010, cuando la menor tenía 4 años, y continuaron de manera intermitente hasta julio de 2012. O’Reilly abusaba de ella en las oficinas de la administración del colegio, donde le tocaba por debajo de la ropa la vagina y los glúteos. La víctima declaró que O’Reilly, después de cerrar la puerta y las cortinas, le bajaba los pantalones y le metía dulces en la zona genital y en el ano.
En noviembre de 2014, O’Reilly fue condenado a cuatro años y un día de «libertad vigilada». La fiscalía había solicitado una pena de 10 años de presidio. O’Reilly mantuvo su inocencia durante todo el juicio. En el otro caso correspondiente a la hermana mayor de la víctima se determinó absolverlo por falta de pruebas concluyentes.
A comienzos de 2015 fue privado de su nacionalidad chilena. Un poco después, ese mismo año, se decretó su expulsión del país una vez cumplida su condena en diciembre de 2018.
En agosto de 2016 el Vaticano inició un juicio canónico en su contra.
En septiembre de 2016 la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto el decreto de expulsión del país, alegando que el sacerdote ya era ciudadano chileno al momento de cometer los abusos sexuales.
Sin embargo, en mayo de 2017 la Corte Suprema de Chile decretó que O’Reilly debe ser deportado y despojado de su nacionalidad.
En febrero de 2018 no se había dado a conocer todavía el resultado de la investigación llevada a cabo por el Vaticano.