En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Tambaco Morales y Cabascango Pachito, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además del pago de 50 unidades tributarias mensuales por cada uno de los delitos.
Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genética e inclusión en el registro nacional de ADN.
En el juicio, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en agosto de 2015 los condenados viajaron desde Otavalo, Ecuador, hasta Chile, con tres jóvenes –uno menor de edad- con el fin de que trabajaran para ellos vendiendo en puestos de ferias itinerantes.
A cambio de esta labor, les ofrecieron pagar a cada uno de ellos US$150 mensuales, señalándoles además que se harían cargo de solventar su comida, regularizar su condición de migrante en Chile y debiendo ellos pernoctar en el puesto de trabajo.
Luego de un tiempo, uno de los ciudadanos extranjeros logró regresar a Ecuador con la ayuda de sus familiares al ver que no le cumplían lo prometido, pero los otros dos jóvenes -a instancias de los condenados- recorrieron varios pueblos de la Región de Los Lagos, para vender diversos artículos en los puestos de propiedad de los imputados.
Las jornadas de trabajo eran de alrededor de 12 horas, sin días libres y sin que por ello, a la época, hubiesen recibido paga alguna. Además, en los puestos de venta de reducidas dimensiones y en precarias condiciones, los jóvenes dormían, comían y se aseaban. Asimismo, los acusados retuvieron toda la documentación personal de las víctimas.
El 6 de abril de 2016, la PDI realizó un control migratorio en la Plaza de Armas de Purranque, momento en el que quedaron al descubierto los hechos por los que fueron finalmente condenados Cabascango Pachito y Tambaco Morales.
La fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chahín Valenzuela, valoró la sentencia y destacó que es la primera vez que en el país se dicta una pena de cárcel efectiva por el delito de trata de personas por tratarse de un ilícito respecto del cual existe escasa jurisprudencia en Chile.
“Se trataba de una investigación muy compleja”, apuntó la jefa del Ministerio Público de Río Negro, y explicó que “es un delito incipiente sobre el que hay poca jurisprudencia, de hecho es la primera vez que se condena a pena efectiva por trata de personas a nivel país, y es la primera condena por este tipo de delitos, por ambas figuras de la ley 20.507 en la región”.
Chahín consideró que, como fiscalía, “el haber obtenido esta condena implica para nosotros un gran satisfacción, porque hemos logrado exponer al tribunal los argumentos que dan origen al delito y que, sobre todo, tienen una dinámica muy particular. Logramos que el tribunal compartiera nuestra visión de estos hechos que no es la misma que respecto a otro tipo de figuras delictivas”.
