Justicia

Suprema salva a ex concejala RN de Limache y anula orden de detención por fraude al Fisco reiterado

La Corte Suprema dejó sin efecto la orden de detención dictada en contra de la ex concejala RN de Limache, Cynthia Marín, después de acoger a trámite el recurso de queja presentado por su defensa, encabezada por su abogado, Juan Carlos Manríquez. Con ello se bloqueó la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ratificó la condena de 10 años y un día dictada en su contra, por el delito de fraude al fisco reiterado, por más de 37 millones de pesos.
La defensa de la ex concejala y ex jefa de gabinete de la Gobernación de Valparaíso en el primer gobierno de Sebastián Piñera, busca que la justicia le otorgue penas menos gravosas, al estilo “caso Penta”, donde los imputados negociaron no pasar un día en la cárcel.
El 20 de junio pasado se dictó el fallo del tribunal de alzada y desde esa fecha la ex concejala se encontraba prófuga con una orden de captura de la PDI.
El abogado Manríquez indicó que el dictamen de ahora de la Corte Suprema dio orden de no innovar, “lo que suspende íntegramente los efectos del tribunal de Quillota y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de la misma manera que deja sin efecto y suspenden la orden de arresto que pudo haberse despachado desde el Juzgado de Garantía de Limache contra la señora Marín”.

En este escenario, la ex autoridad comunal aún podrá insistir ante el máximo tribunal para invalidar la sentencia que, a juicio del abogado Juan Carlos Manríquez, responde a un trato desigual ante la ley pues, en casos más complejos –como lo son el denominado caso Penta- se han ofrecido salidas alternativas a un juicio oral y penas menores con beneficios.

Asimismo, el defensor ha señalado en reiteradas ocasiones que se trató de “una condena desproporcionada e injusta. El recurso de queja es la última instancia que la ex concejala tiene para intentar revocar la sentencia y en caso de resultar desfavorable, será el primer paso para insistir en tribunales internacionales con el objetivo de que “el Estado Chileno respete los derechos procesales de los justiciables, que, a nuestro juicio, no han sido amparados del todo”, según ha expresado Manríquez.

La defensa sostiene que al momento de los hechos que fundaron la acusación en su contra, Marín no era funcionaria pública, y que no es posible sostener que hubo dolo por parte de la ex autoridad comunal y ex jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso.

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